El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el primer litigio climático en el Estado, según han informado Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, las organizaciones que demandaron al Gobierno español por "inacción" ante el cambio climático.

Según indican, la votación y fallo tendrá lugar el próximo 27 de junio en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y aseguran que "será decisiva en la lucha contra el cambio climático".

Reducción de emisiones

Las ONG explican que, de fallar a favor de la demanda, la justicia podría obligar al Gobierno a modificar el objetivo de reducción de emisiones para 2030: del actual 23% contemplado en el vigente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), hasta el 55% solicitado por las organizaciones demandantes sobre la base de los informes del IPCC.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón demandaron al Gobierno español hace ya tres años por inacción ante el cambio climático. Posteriormente, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se sumaron al proceso.

Las cinco organizaciones confían ahora en que la justicia les dé la razón, y para ello, precisan que la sentencia debe exigir al Gobierno que apruebe una reducción de emisiones "mucho más ambiciosa", como exigen los informes científicos.

Homólogos europeos

La justicia española seguiría así, según añaden, la senda emprendida por tribunales de otros países europeos, como Holanda, Francia y Alemania, que han obligado a sus gobiernos a incrementar la ambición de sus políticas climáticas.

"Este 'juicio por el clima' lucha por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia, como ha señalado el informe del IPCC recientemente publicado", ha manifestado la abogada de las organizaciones demandantes, Lorena Ruiz-Huerta.

Para las organizaciones, la actual situación de emergencia climática que está "golpeando" a buena parte de la Península Ibérica con "una sequía galopante, temperaturas anormalmente elevadas e incendios cada vez más intensos, evidencia la necesidad de actuar con urgencia y ambición".

Daños climáticos

Además, advierten de que "la temperatura media de los océanos ha batido su récord desde que hay registros oficiales, en todo el mundo se respiran cantidades nocivas de contaminación y la deforestación del Amazonas, pulmón del planeta, ha alcanzado niveles nunca vistos".

Las organizaciones denuncian que el Estado "continúa muy lejos" de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones que le corresponden, de acuerdo con su capacidad y su responsabilidad histórica en la emisión de CO2 a la atmósfera. Según puntualizan, si se redujeran un 55% las emisiones para 2030, en lugar del 23% previsto, podría contribuir a limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

Abandono combustibles fósiles

"Cualquier política que no pase por un abandono completo de los combustibles fósiles y una apuesta decidida por las energías renovables, garantizando así el respeto a los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, se sitúa al margen del derecho internacional. Confiamos en que la justicia haga su parte", ha insistido Ruiz-Huerta.

Por su parte, Jaime Doreste, también abogado del proceso, ha señalado que "cuando ni las advertencias científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es el momento de acudir a los tribunales para que obliguen al Gobierno a cumplir sus compromisos". "Por eso hemos llegado hasta aquí y esperamos que la justicia falle en favor del derecho al medio ambiente y a la vida", ha subrayado.