Los acusados de estafar a una decena de ancianas mediante venta de enciclopedias, consiguiendo un total de casi 185.000 euros, han asegurado que o no participaron en los hechos investigados o que vendieron libros y otros artículos a algunas víctimas, pero regularmente y con su consentimiento.

La Audiencia de Madrid ha continuado este lunes el juicio contra 17 de los 18 procesados en esta causa, ya que uno de ellos no se ha presentado. La Fiscalía pide para ellos entre 5 y 7 años de cárcel por estafar a personas mayores mediante la venta de enciclopedias, a quienes coaccionaban para pagar precios desorbitados por ser asesorados e incluso por darse de baja como cliente.

Los hechos se remontan a 2014, 2015 y 2016, cuando, según el relato fiscal, los acusados lograron hacerse con 43.000 euros de una víctima, 37.645 de otra, 40.550 de una tercera y así sucesivamente hasta embolsarse casi 185.000 euros.

Al inicio de la sesión la presidenta de la Sala ha explicado que se rechazaban la mayoría de las cuestiones previas planteadas el pasado jueves, entre ellas la petición de nulidad solicitada por todas las defensas, que entendían que el plazo de instrucción se prorrogó irregularmente durante la instrucción, y que no se habían respetado los derechos de los acusados.

Los letrados de los acusados han expresado su queja porque la magistrada ha asegurado que había enviado antes de la vista, a través del sistema telemático Lexnet, el auto correspondiente a las cuestiones previas, en una decisión "fundada y razonada" -según la jueza-, sobre la que no se iba a tratar en la vista oral, sino que se podrá recurrir posteriormente.

Los abogados han asegurado que no lo habían recibido y que tenían derecho a conocer el auto, y finalmente la Sala les ha facilitado ese documento, de más de 30 folios, sin permitirles debatir sobre el mismo, ante lo que algunos letrados han adelantado que recurrirán esta forma de zanjar el asunto, que no es la habitual.

Una vez solventada esta cuestión, y tras dos largos recesos, han declarado la mayoría de los encausados, aunque cinco no lo han hecho alegando que entienden que el proceso no es válido. El resto ha defendido que, o no vendió nada a ninguna anciana, o que lo hizo legalmente.

La única mujer acusada ha explicado que ella trabajó en tres editoriales en los años previos a los hechos investigados y ofreció enciclopedias y otros artículos a dos de las supuestas víctimas, porque su empresa la envió a esas casas, pero la venta la cerraron y cobraron otros compañeros y ella no cobró "nada" de esas clientas.

Ha añadido que, además, en cualquier caso en 2014 y 2015 estuvo de baja por un embarazo de riesgo y ya no volvió a contactar con esas ancianas, que según su criterio estaban bien de salud y eran conscientes de lo que hacían.

Esta apreciación la han sostenido otros encausados, uno de los cuales ha llegado a decir que una de las víctimas estaba "total y plenamente capacitada" y le decía que "no sabía decir que no" a las ofertas.

Uno de los procesados es un abogado en ejercicio que ha reconocido que ingresó dos cobros de 3.000 euros de una de las denunciantes porque uno de los encausados le explicó que podrían estar engañándola, pidiéndole que pagara varias veces por las mismas cosas, y que permaneciera con ella en su casa para ahuyentar los supuestos estafadores, lo que él hizo durante una semana.