Todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de evitar la segregación del alumnado por razón de renta pero, aunque parezca relegado en el debate, ese es el trasfondo del frente abierto en la enseñanza vasca después de que las ikastolas se hayan declarado en rebeldía contra los efectos de las medidas antisegregación incluidas por el Departamento de Educación en el proceso de matriculación del curso 2023-2024. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha salido al paso de la intención manifestada por Ikastolen Elkartea de recurrir el nuevo Decreto de Admisión del alumnado e incumplir la orden de reservar plazas para estudiantes vulnerables, una medida pensada para evitar la creación de guetos y la segregación estudiantes desfavorecidos en los colegios de la red pública.
Y es que los datos chocan de plano con las críticas vertidas por las ikastolas acerca de la desigualdad de trato entre redes y oscurantismo que han esgrimido para negarse a remitir a otros centros al alumnado que no ha podido ser admitido los suyos debido al cupo para alumnado desfavorecido. Según Bildarratz, el porcentaje de escolares que han logrado plaza en las aulas de 2 años en el colegio elegido como primera opción ha sido “similar” al de procesos de prematrícula previos en los que regía la normativa anterior. En este caso, lo han conseguido el 93,3 % de los 11.963 solicitantes, mientras que el 3,8 % ha logrado plaza en uno de los colegios pedidos y al 2,3 % se les ha adjudicado desde la administración. Cabe aclarar que el Gobierno vasco, a priori, no manda a nadie a ningún centro. Son las familias las que eligen, en orden de preferencia, su lista de colegios. Si no se entra en la primera (por puntos), se mira la segunda opción. Y si no, la tercera y así sucesivamente, como en las carreras universitarias. Hay casos en los que la familia tan solo indica un colegio (o a lo sumo, dos). Si por puntuación, se queda fuera, y no indica ningún otro colegio, será Educación quien le asignará una plaza. Dicho de otro modo, la mayoría de las familias a las que el Departamento de Educación ha asignado una plaza de oficio tan solo había seleccionado un único colegio.
“El Pacto Educativo pide que todos los centros se reponsabilicen de la vulnerabilidad"
En cifras absolutas, Educación solo ha recolocado a 240 estudiantes en otros centros, atendiendo a la nueva normativa de matriculación antisegregación que se basa en los principios inclusivos que inspiran el Pacto Educativo aprobado en abril de 2022 por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, partidos que suman el 90% de los escaños del Parlamento Vasco. Y es que esos cupos, además de atender las solicitudes del nuevo alumnado de dos años, servirán para escolarizar de forma equilibrada entre las dos redes a los miles de estudiantes extranjeros de incorporación tardía, lo que se conoce como matrícula viva.
El consejero quiso mandar a las ikastolas el mensaje de que los “órdagos” y “envites” -como los que se han marcado- no aportan “ninguna ayuda” a las familias que buscan un centro escolar para sus hijos. Bildarratz recordó que entre los compromisos recogidos en el Pacto Educativo se incluían una serie de criterios para que todos los centros de enseñanza financiados con fondos públicos “se responsabilicen de igual manera de determinados elementos como pueden ser la vulnerabilidad”. En este sentido, señaló que su Departamento trabaja “por un sistema educativo de futuro en el que, verdaderamente, todos nos responsabilicemos de todas estas cuestiones para que conseguíamos una mayor cohesión social”.
“No confundir a las familias”
Bildarratz hizo un llamamiento a “no confundir a las familias” y, en respuesta a la advertencia de Ikastolen Elkartea, recordó que quien matrícula no son los centros ni son las familias, sino que es el Departamento de Educación. “El Departamento es quien inscribe a un alumno en un centro determinado; con lo cual, no hay mayor discusión”, añadió.
Por otro lado, el titular vasco de Educación explicó que el Gobierno vasco “tiene que atenerse a unas normas”, en este caso, al decreto y a la orden de admisión de alumnos. “Yo no puedo inventarme ningún procedimiento”, destacó Bildarratz, para añadir que ese decreto y esa orden “están habladas, son conocidas y están explicadas con las patronales y con todas las direcciones, tanto centros públicos como de concertados”.
Fue igualmente contundente a la hora de aclarar que en el proceso contraste de las dos normas que regulan el nuevo proceso de matriculación con la comunidad educativa no se ha producido “ningún recurso”. Por tanto, “son firmes”, dijo, de tal modo que si Educación no aplicase las medidas contempladas en estas normas “estaría incumpliendo” la ley.
El consejero afirmó que no percibe como un “desafío” el movimiento de Ikastolen Elkartea pero subrayó que “hay veces en las que todos podríamos ser más prudentes”. Así, apeló a la “prudencia” y a la “tranquilidad” ya que “nos debemos a las familias”. En este sentido, explicó que Educación analizará los datos y los recursos que pueden presentar las familias por el proceso de matriculación, en el que afirmó se está registrando un número de reclamaciones “similar” al de otros años.
