La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán ha vuelto a pedir al Gobierno Vasco que la Ertzaintza disponga de un grupo especializado en menores, tal y como exige la ley. Además, ha solicitado que existan en los tres Territorios centros de internamiento para los menores con conductas más graves puesto que el único existente, el de Zumarraga, es “insuficiente”. De hecho Adán ha desvelado que la ausencia de espacio en este reformatorio guipuzcoano ha obligado a derivar a varios menores conflictivos a otros centros de otras comunidades.
La prevención, investigación y tratamiento especializado del comportamiento delictivo de los menores fue uno de los temas que Carmen Adán abordó en la presentación de la Memoria Fiscal 2021 ante el Parlamento Vasco. Tras asegurar que el número de causa protagonizadas por menores se dispararon el año pasado, Adán lamentó que la exigencia de una unidad policial especializada haya caído en saco roto. En este sentido señaló que tras la modificación de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de 2021, desde el Ministerio Fiscal se envió al Departamento de Seguridad un requerimiento para conocer qué pasos se habían dado para crear estas unidades especializadas.
La respuesta, afirmó, ha sido considerar que no resulta necesario en la medida en que hay un grupo transversal o un enlace”, afirmó. “No es esa la respuesta que hubiéramos deseado”, ni la que desde la Fiscalía se “considera adecuada”, indicó Adán. Durante su comparecencia incidió en el crecimiento que ha experimentado el número de los delitos perpetrados por menores.
La Memoria Fiscal presentada el pasado mes de setiembre ya alertaba de que “se ha duplicado con creces el número de menores que durante el año 2021 han visitado el Palacio de Justicia”. Del total de 2.117 menores a los que se les incoó diligencias o expediente de reforma 1.622 eran varones y 595 mujeres. La mayoría de este es de nacionalidad española (1.736) seguida de la población marroquí (195). La incidencia en la criminalidad del resto de jóvenes de otros países es escasa.
SITUACIÓN DE LAS ADOLESCENTES TUTELADAS
Otro de los aspectos sobre los que centra su mirada la Fiscalía es la situación de desprotección observada en las menores tuteladas. En concreto, la Memoria censura que estas son adolescentes “muy dañadas” que por sus circunstancias personales y familiares buscan el afecto en las redes sociales, “situándose en una situación de grave riesgo que les puede llevar a ser víctimas de delitos de naturaleza sexual diversa: abusos o agresiones sexuales, explotación sexual con fines económicos prostitución y corrupción de menores”.
En esta línea, se recuerda que está pendiente de elaborar un protocolo por parte de las diputaciones sobre conductas sexuales inadecuadas en los centros de acogida, con objeto de prevenir este tipo de situaciones a través de la formación de jóvenes tutelados y educadores. Sin perjuicio de que deban plantearse en casos excepcionales, dice, sería recomendable “la transformación de centros de acogida mixtos, en centros de acogida de un único sexo”.
VIOLENCIA SEXUAL
Dado el contenido de las denuncias presentadas y la naturaleza de los actos desplegados, la Fiscalía considera que faltan campañas informativas en colegios y redes sociales sobre el “sí es sí”, y el “no es no”. No en vano, más allá además de violaciones se han extendido conductas sexuales de menor gravedad (tocar muslos, pechos, glúteos, besar) que, realizados sin consentimiento, “conforman un delito contra la libertad sexual, denunciable, y punible. Y que no por su menor intensidad están dejando de denunciarse”.
Por otro lado, la violencia doméstica se ha producido un descenso en 71 de las diligencias incoadas. Aun así, la Fiscalía considera “preocupante” que muchas de las 119 diligencias están provocadas por comportamientos inadecuados de los menores “derivados del consumo de tóxicos, lo que les lleva un elevado absentismo escolar que culmina en las conductas delictuales en el domicilio familiar”.
La memoria señala que se continúa así como en años anteriores, acudiendo a la sección padres “desesperados” por tener a sus hijos “descontrolados” cuando el resto de medios a su alcance han fracasado. “Se ha notado este año familias que vienen del fracaso de la intervención en protección, solicitando ayuda, que incluso verbalizan se les recomienda desde el ámbito protector la presencia en la Fiscalía para denunciar”. Es por ello que, la Fiscalía del País Vasco considera “adecuado” que los menores se conciencien “de la necesidad del respeto a sus familiares acudiendo en este sentido a actividades en los centros educativos /o de ocio, mayor implicación de los centros escolares y de los servicios sociales de base, para evitar caer en la criminalización”.
LA PÉRDIDA DE MIEDO AL COVID
Durante 2021 aumentaron los delitos contra el orden público, un fenómeno que el Ministerio liga a la imposición de restricciones en la vía pública y a la vida social relacionadas con la covid y a la reacción de la juventud ante tal situación. “Los jóvenes pierden miedo a la enfermedad, se rebelan contra ella y exigen lo que consideran sus derechos de ocio. Aumentan por tanto los delitos de atentado contra agentes de la autoridad y algún delito de desórdenes públicos encuadrado en este contexto”. Asimismo, a lo largo del último ejercicio han aumentado “considerablemente” las fugas de jóvenes de centros de acogida. – NTM
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