¿Cómo se presenta este otoño-invierno de crisis energética para tantas familias vulnerables?
–Esperemos que el contexto actual no haga caer a ninguna familia que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Hemos adoptado para ello una serie de medidas. El presupuesto de 2023 se incrementa en el departamento en un 22%, un porcentaje que asciende al 27% en la dirección de Servicios Sociales, con diez millones más de Ayudas de Emergencia Social (AES) y con cuatro millones distribuidos del siguiente modo: 1,5 millones a pobreza energética y 2,5 millones para ayuda de alimentos. Se trata de un incremento importante. La Dirección de Familias casi duplica su presupuesto, al igual que la Dirección de Migración. El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para proteger a las familias vulnerables.
La Gran Recogida del Banco de Alimentos, que se celebra a finales de mes, es una labor solidario que, según opina un sector de la sociedad, debería desempeñarla la Administración.
–Bueno, la Administración participa y coopera con el Banco de Alimentos, con el que tenemos un convenio suscrito, y medios para repartir comida a través de esta organización. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos, pero creo que el Banco de Alimentos tiene una manera de trabajar que debemos respetar. Otra cosa es que las instituciones apoyemos esa labor, pero no creo que tengamos que sustituir ni al Banco de Alimentos, ni a Cruz Roja ni a Cáritas. A ninguna de las entidades sociales que tienen un conocimiento a pie de calle de las distintas realidades.
“Se han paralizado bastantes lanzamientos hipotecarios; no podemos permitir que personas vulnerables se queden en la calle”
La subida del euríbor ha provocado un incremento de las hipotecas de 200 euros mensuales de media. Los desahucios son la cara más amarga de tantas crisis solapadas. ¿Qué está haciendo el Gobierno Vasco para frenar los lanzamientos hipotecarios?
–Existe un convenio con el Congreso General del Poder Judicial (CGPJ), en el que está presente el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia y Vivienda, y Eudel, a través de los servicios sociales de base. El objetivo es paralizar los lanzamientos hipotecarios a personas vulnerables, cuando se constata ese grado de vulnerabilidad. En ese sentido, son los servicios sociales los que emiten los informes de vulnerabilidad, lo que permite paralizar el lanzamiento hasta que la situación cambie y se vuelva a revisar. Es una comisión que está operativa. De hecho, se han paralizado bastantes lanzamientos. No podemos permitir que personas en alta situación de vulnerabilidad se queden en la calle.
