El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes la futura ley del aborto que garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años.
Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a Efe que el texto se encuentra en la última fase de la negociación y la idea es que el Consejo le de el visto el bueno el próximo martes, una información que ha adelantado la Cadena Ser.
El texto llevaba negociándose varios meses, de hecho, la intención del departamento que dirige Irene Monteroes que estuviera listo a finales de año, y es que incluye varias medidas que competen también a otros ministerios como el de Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
A falta de conocer los últimos detalles del texto final, la ministra y otros representantes del Ministerio han ido desgranando estos meses algunas de las medidas que quieren incorporar a la ley, como el considerar como un tipo de violencia los vientres de alquiler.
Y la ley acabará con la necesidad de que las chicas de 16 y 17 años necesiten el permiso paterno para abortar, un requisito que en 2015 incluyó el PP en la ley de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En su última comparecencia en la Comisión de Igualdad, Montero aseguró que su propósito además es blindar el derecho al aborto en los centros públicos y avanzó que se tomaría como referencia la ley de la eutanasia para crear un registro de profesionales objetores de conciencia.
Rebajar el IVA del 10 % que soportan los productos de salud menstrual y de higiene femenina es otro de los propósito del Ministerio, así como el reparto gratuito en centros educativos de productos de higiene femenina.
Otro de las ideas de Igualdad es que las mujeres embarazadas tengan derecho, a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz, a un permiso retribuido y universal con el fin de proteger la salud materna, y que sea independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé.
Asimismo, la intención de Montero tal y como ha expresado en varias ocasiones en el debate sobre la nueva legislación de derechos sexuales y reproductivos, es que se incluyan en ese marco las bajas laborales para mujeres que sufren reglas dolorosas que las incapacitan para trabajar con normalidad por quistes, miomas o endiometriosis.
