Las sanciones van desde el alejamiento a vetar el acceso a clase

- El Protocolo de la UPV/EHU contra las Violencias de Género busca mantener un entorno seguro para todas las personas que componen la comunidad universitaria, libres de violencias de genero. Se persiguen el acoso y el abuso sexual así como cualquier otra manifestación de violencia de género, como las agresiones a la libertad sexual o las amenazas. Más allá del proceso de escucha, imparcialidad y restitución de las víctimas en base a parámetros de confidencialidad y la no revictimización lo trascendental del protocolo es su dimensión política y social. Y es que su aprobación en febrero de 2017 ayudó a activar la conciencia universitaria de forma que nadie, o cada vez menos gente, sea indiferente a estas situaciones. La directora de Igualdad de la UPV/EHU, Elena Leiñena, explica que la aplicación del protocolo conlleva varias fases. La primera es la de acogimiento “en la que con ayuda de una trabajadora social se escucha el testimonio de la mujer, se redacta un informe preliminar y se realiza una valoración inicial de la queja”. Si se considera necesario, la dirección solicita la separación de la persona afectada y la presunta persona agresora hasta que finalice el procedimiento, así como otras medidas cautelares (reordenación del tiempo de trabajo o estudio, cambio de oficina o aula, movilidad funcional...), que estime “oportunas y proporcionadas” a las circunstancias del caso. El departamento o centro debe facilitar, en todo momento, que el traslado de una u otra persona se realice de la manera más rápida posible.

El informe con la valoración inicial pasa a una comisión creada al efecto que investiga en profundidad el caso, incluyendo el testimonio de testigos y del presunto agresor. Después se redacta el informe final con recomendaciones, previamente acordadas con las víctimas, que van desde mantener el alejamiento a la atención psicológica o el acompañamiento de la víctima en la decisión de denuncia ante instancias policiales o judiciales. También se prevé la incoación de un expediente disciplinario o académico que, en este caso, resolverá la rectora. “Nuestro objetivo es crear un espacio seguro , pero sobre todo acompañar y dar una solución satisfactoria a los casos”, afirma Leiñena.