Desmantelan tres grupos dedicados al lavado de dinero del narcotráfico en Cádiz

En el marco de la operación Frater se ha detectado un patrimonio blanqueado superior a 3,2 millones de euros y a los detenidos se les imputa los supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, ha informado la Guardia Civil.

La operación se inició tras vincular a uno de los investigados, detenido en Cádiz en 2013 por un delito contra la salud pública, con una sociedad dedicada a adquirir motores de alta potencia para su instalación en embarcaciones rápidas de las utilizadas habitualmente para introducir hachís en la península procedente del continente africano.

A mediados de 2021 se recibieron informaciones de la existencia de dos sociedades que, con idéntico "modus operandi" de la anterior, estarían comprando motores náuticos para ser utilizados en el ámbito del narcotráfico.

Se comprobó que el administrador de una de ellas era un abogado con despacho profesional en la localidad de Barbate, el cual mantenía una estrecha relación personal con el que fuera administrador de la primera sociedad.

Tras analizar la actividad financiera de ambos investigados se obtuvieron vínculos claros entre ellos, los cuales utilizaban testaferros para el blanqueo de capitales a través de las empresas a su nombre. De hecho, las tres sociedades han recibido un total de casi un millón de euros cada una en efectivo.

Estas sociedades se dedican, supuestamente, a la venta de material náutico; sin embargo no poseen un local de negocio donde exponer o vender sus productos, ni los administradores de las mismas tienen experiencia en dicho sector.

En la investigación de la Guardia Civil se detectó que distintas personas realizaban importantes ingresos en efectivo en la cuenta bancaria de esta sociedad, que carecía de fuentes de ingresos legales que le permitía semejantes desembolsos, y recibía, además, ingresos de las otras sociedades investigadas.

Una vez que el dinero había sido introducido en el sistema financiero y transferido de una sociedad a otra, en un intento de distanciarse del momento en el que fue ingresado en metálico, era utilizado para pagar motores que adquirían a empresas ubicadas en Dubái.

Estos motores eran puestos a disposición de las otras empresas para que el administrador lo hiciera llegar a un comprador real, que no era ninguna de las personas que ingresó el dinero para comprarlo, ocultándose tanto su identidad como la verdadera procedencia del dinero.

La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía Antidroga de Cádiz.