La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Gobierno aprobará cambios normativos para "corregir" el llamado impuesto de la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Montero ha intervenido en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender el proyecto de presupuestos de 2022 antes del debate de las siete enmiendas a la totalidad del texto presentadas, donde ha avanzado que "en el momento que se estudie la sentencia", se llevará al Consejo de Ministros "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales".

Con este cambio legal la ministra ha querido dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.

El Constitucional anuló la pasada semana varios aspectos del llamado impuesto de plusvalía municipal al entender que "aunque la cuota no sea superior a la plusvalía realmente obtenida, sí resulta excesiva o exagerada y podría lesionar el principio de no confiscatoriedad".

UNOS PRESUPUESTOS "INDISPENSABLES"

Montero ha insistido en que las cuentas de 2022 son "indispensables para consolidar la recuperación económica y social" para lograr que la recuperación llegue "a todas las personas, a todos los territorios y todos los sectores".

"Tenemos que aprender a movernos en un escenario de incertidumbre", ha reconocido, con especial atención a las subidas de los precios de la energía o los cuellos de botella en la cadena de suministro que, ha confiado, tendrán "carácter transitorio".

"El escenario de volatilidad no implica que no tengamos en este Gobierno un rumbo bien definido", ha añadido, que pasa por "reforzar a la clase media y trabajadora".

Así, la ministra ha abogado por "revitalizar" el Estado del bienestar porque una clase media empobrecida conlleva "una democracia más vulnerable ante el auge de los populismos".

Montero ha tenido una especial mención para la cultura, "que es mucho más que una política" porque "permite desarrollar pensamiento crítico y afianzar los valores democráticos", así como a los jóvenes, a los que se presta "atención prioritaria" en las cuentas.

También a la ciencia y las inversiones, que "gracias al aporte excepcional de los fondos europeos" ofrecen la oportunidad de modernizar el tejido productivo y crecer gracias a un "capital humano más cualificado" en lugar de "a costa de derechos laborales".