El Tribunal Supremo debatirá sobre la petición de indulto de Juana Rivas

Ese debate, llega a los pocos días de que trascendiera que la Fiscalía del Supremo había concluido su propio informe, en el que se muestra a favor de que se conceda el indulto parcial a Rivas, de manera que se dé una reducción de seis meses de la pena de prisión, que sugiere dejar en dos años. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que también han estimado rebajar la pena de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad de seis años a cuatro.

Fue a finales del pasado abril cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación planteado por Rivas contra la condena a cinco años de prisión impuesta por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada y la rebajó a dos años y seis meses de cárcel al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos --sus dos hijos--, cometió un único delito y no dos.

Por eso, el tribunal sentenciador encargado de emitir el informe relativo al indulto solicitado por Juana Rivas será el Supremo. Una vez que tenga el texto, lo sumará al de Fiscalía y enviará todo al Ministerio.

Juana Rivas, que ingresó voluntariamente el pasado 11 de junio en el CIS 'Matilde Cantos' de Granada para cumplir la orden de ingreso en prisión, abandonó el centro a los pocos días, en tanto que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias clasificó a la interna en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.

Sin embargo, esa decisión fue recurrida por la Fiscalía y a los pocos días volvió a ingresar en un Centro de Inserción Social (CIS) después de que el Juzgado estimara parcialmente el recurso del Ministerio Público contra la concesión del tercer grado.

PIDE EL INDULTO TOTAL

Rivas, que también fue condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, solicitó al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y recalca que "como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena", mientras que en Italia se "continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar".

El Supremo la condenó a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia con la pretensión de no regresar pese a no contar con el consentimiento paterno, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido con los pequeños incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

Ella ha defendido durante este tiempo que se fue con sus dos hijos de Italia --donde tenían fijada su residencia habitual-- para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores.