Cualquier persona que entre en una residencia de mayores es un vector de contagio, mucho más si no está vacunada y si está en contacto estrecho con los residentes. Ante esa realidad incuestionable, que el aumento de casos en los centros asistenciales confirma a diario, son muchas las voces y ámbitos que piden una regulación normativa que establezca la vacunación contra el coronavirus como requisito obligatorio para trabajar en el área sociosanitaria.
Mientras crece la polémica sobre la conveniencia de imponer la vacunación a los trabajadores de determinados sectores, el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles se limitó a recomendar más controles sanitarios sobre las personas que viven, trabajan y visitan las residencias, incidiendo en aquellas que no están inmunizadas y en posibles cambios de puestos de trabajo. Ayer el Gobierno vasco y las diputaciones forales analizaron las propuestas y acordaron mantener el protocolo vigente en las residencias sin imponer, de momento, nuevas medidas.LAS RESIDENCIAS
"En las residencias de mayores hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo, hemos visto el virus de cerca y nos hemos enfrentado a él y no entendemos por qué hay gente que no se vacuna. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de la población está vacunada, desde los centros residenciales estamos totalmente a favor de la vacunación obligatoria. Y no solamente en el espacio sociosanitario o residencial, sino en todo el sistema sanitario”, explica Iratxe Landeta, directora de la Residencia Olimpia. Añade que “los derechos individuales decaen cuando se ponen en riesgo los derechos colectivos” y que las personas no vacunadas suponen un riesgo para los residentes.
La directora opina que conseguir que todas las personas se vacunen, más aún si tienen contacto con personas vulnerables, “no solo es un bien para la colectividad, también es una necesidad para proteger vidas”, pero reconoce que todavía no hay un desarrollo legislativo en este sentido y eso “es un elemento de dificultad”. Iratxe Landeta recuerda, no obstante, que hay países que “ya han dado el paso” para imponer la vacunación a determinados trabajadores. “En esta casa había tres trabajadores que no querían vacunarse y la obligación de los demás era intentar convencerles de que sería bueno que se vacunaran. De los tres dos ya se han vacunado y vemos que la concienciación es un factor”, comenta antes de abogar, “sin ninguna duda, por la obligatoriedad”.LAS LEYES
En cuanto a las dudas sobre la cobertura legal o, incluso, la constitucionalidad de esa vacunación obligatoria, Edorta Cobreros, catedrático de Derecho de la UPV/EHU, puntualiza que “de lo que se está hablando es de obligatoriedad en sentido suave, de exigirlo como requisito, por ejemplo, para trabajar en centros residenciales, donde realmente hay un problema, no de una medida coercitiva como imponer un tratamiento”. Y asegura que “desde el punto de vista de un conflicto de intereses, derechos o principios, no habría ningún problema para imponer ese requisito”.
El experto opina que “es perfectamente proporcionado exigir que los trabajadores que atienden a personas vulnerables, como las alojadas en residencias, estén vacunados”. “El problema desde el punto de vista jurídico -añade- es que eso no está establecido así por ninguna ley. Solo tenemos voluntariedad y no la obligación de vacunación”. En opinión de Edorta Cobreros “habría que hacer una ley que prevea esos supuestos y que no tendría ningún problema jurídico ni constitucional”.
Yendo un paso más allá el catedrático de Derecho apunta que determinar si esa ley debe ser autonómica o estatal “es un debate difícil”. “Se podría entender que establecer unas vacunas obligatorias en determinados supuestos es una pura ejecución sanitaria, un desarrollo de las competencias sanitarias, y podría ser por ley de ámbito autonómico. Pero, por otro lado, como nuestro sistema de vacunación se ha establecido desde el Consejo Interterritorial de Salud y a partir de unas indicaciones que pueden entenderse como competencia estatal en materia de coordinación sanitaria, entonces se vería lógica una ley estatal que, además, garantizaría su aplicación por igual en todos los territorios”, aclara Cobreros.LOS TRIBUNALES
Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia del País Vasco, también considera “necesario establecer algún criterio normativo, que hoy por hoy no existe”, sobre la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria en algunos ámbitos de actividad. Con el fin -dice- “de dar seguridad jurídica a las empresas e instituciones y para que los tribunales podamos, dado el caso, resolver con mayores garantías”. Y es que la magistrada ve “bastante probable” que “si alguna empresa o entidad pública adoptara la decisión de obligar a vacunar al personal sanitario o sociosanitario o planteara cambios de puestos, esto acabe resolviéndose en los tribunales de Justicia, probablemente porque habrá personas trabajadoras que impugnen esas hipotéticas decisiones”. Puntualiza que los casos judiciales relativos a esa eventual imposición de la vacunación o sus consecuencias llegarán a los ámbitos Social y Contencioso administrativo, en el caso de que afecten a funcionarios o sean medidas adoptadas, por ejemplo, por Osakidetza o las diputaciones forales.
Sobre la polémica abierta en torno a la legalidad y constitucionalidad de la vacunación obligatoria, Garbiñe Biurrun señala que “no hay ninguna norma que establezca con claridad esa obligación para las personas trabajadoras, que también tienen sus derechos. Por lo tanto me parece que si estas medidas se van a tomar, se debe hacer sobre alguna base normativa importante que hoy por hoy no existe, al menos con la claridad que debiera”.
Aunque el personal soc
Por su parte, la secretaria de Organización de Satse Euskadi, Encarna de la Maza, considera que la vacunación “por ley” del personal de las residencias no es “una prioridad” y pide que no se use “como cortina de humo” para evitar abordar “otros problemas” como el “déficit” de profesionales o inversiones.
