En mayo de 2025, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó la moción que presentamos una veintena de asociaciones, en la que se solicitaba la retirada del callejero de los nombres de cinco altos colaboradores con la Guerra Civil y la Dictadura. A esta moción le habían precedido otras en 2014, 2020 y 2024 que pedían depurar el callejero de elementos franquistas y de su perfil machista.
¿Por qué, tras cincuenta años de democracia, estamos todavía inmersos en la recuperación de la memoria democrática y en la retirada de nombres de las calles de altos colaboradores con la Guerra Civil y la Dictadura? ¿Qué beneficio obtenemos con ello?
Para responder a estas cuestiones, es necesario analizar el grave y profundo impacto político, social y cultural que la Guerra Civil y la Dictadura dejaron en la sociedad española. Una tragedia que el historiador Paul Preston ha calificado de “Holocausto español”.
La Segunda Guerra Mundial, que exterminó a 70 millones de personas, nos proporciona una prueba de ello. Esa locura se ensayó en España en los años 30 y 40 del siglo XX, con el golpe cívico-militar y la guerra que dio paso a una dictadura de carácter fascista, gracias a miles de colaboradores, entre ellos, los que en la moción proponemos retirar del callejero.
Para acabar con las instituciones y organizaciones republicanas, procedieron a detener y aniquilar a cuantos dirigentes y sospechosos republicanos encontraron. El mito eclesiástico de la “Santa Cruzada” les sirvió para comprometer al pueblo llano en la guerra contra todo lo republicano y laico. Habilitaron más de 300 campos de concentración, en los que se separaba a los “buenos patriotas” cristianos de los “antipatriotas bárbaros, sin dios”.
La guerra y la represión en la retaguardia causaron en Araba, según Gogora, la muerte de 2.175 personas, de las cuales 200 fueron asesinadas sin juicio y 290 murieron en las prisiones.
Los golpistas ansiaban acabar con la educación y la cultura republicana y laica, sustituyendo a los maestros republicanos por personas adscritas al tradicionalismo carlista, monárquico y católico. Se abrieron más de 60.000 expedientes al personal docente local, en los que el alcalde, la Guardia Civil, el párroco y señores afectos a los golpistas evaluaban su comportamiento político, religioso y su lealtad al “Movimiento salvador de España”. La no asistencia a misa podía ocasionar la pérdida de la plaza, el encarcelamiento o la muerte.
Tras la guerra no llegó la paz. Los vencedores impusieron su pensamiento y su partido fascista, la FET y de las JONS, así como la gestión centralizada de la administración, la justicia, las empresas, la cultura, la educación, la Iglesia y la sociedad.
La Guerra Civil y la represión política, cultural y religiosa dejaron España sembrada de fosas comunes y a la clase popular con los lazos sociales rotos, acosada por el hambre, traumatizada, resentida y sumida en el desaliento, con voluntad de olvidar.
El franquismo empleó las fiestas populares y religiosas, los actos institucionales y el callejero para el enaltecimiento de la ideología, los símbolos y los dirigentes del Régimen.
Tuvo que incorporarse una nueva generación a la lucha por la democracia y morir Franco para que la Dictadura colapsara y se iniciara el proceso hacia la democracia.
Lo democrático habría sido abordar la reparación de los traumas sociales, la depuración de los aparatos del Estado, la consulta popular sobre el modelo de Estado, ofrecer justicia a las víctimas de la dictadura y la verdad histórica a la comunidad.
Pero no: la división de la oposición y la sangrienta represión de la calle facilitaron a los franquistas la imposición de los pactos de Amnistía-amnesia, que, a cambio de la España de las Autonomías y la Constitución, legitimaban a los victimarios, negaban la justicia a las víctimas e imponían la Monarquía.
Todo ello ha permitido implantar una memoria y unos hábitos neofranquistas que degradan la democracia: corrupción política, politización de la justicia, acoso físico y jurídico, y descalificaciones falaces del adversario.
En las escuelas se imparte todavía una historia que centra el protagonismo en las élites políticas y subordina a la clase trabajadora, la mujer y las víctimas. Una historia que reparte la responsabilidad de la guerra entre golpistas y republicanos, que no evalúa los costes que la Guerra Civil y la Dictadura generaron y que idealiza la Transición como modélica.
La exclusión de las víctimas llevó a sus organizaciones a presentar denuncias internacionales que condujeron a que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 17 de marzo de 2006, recomendara al Estado español reparar las “graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista”.
A ello le siguió la visita a España del “Relator Especial en justicia transicional de Naciones Unidas”, P. de Greiff, que en su informe de enero de 2014 recordaba al Estado español la obligación de proveer a las víctimas, y a la sociedad española en general, del inalienable derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición.
La respuesta del Estado llegó ocho años después con las leyes de Memoria Democrática: la Ley 20/2022, de Memoria Democrática del Estado, y la Ley 9/2023, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, en las que se apoya nuestra moción.
Como vemos, hay muchas razones para recuperar la memoria democrática. El profesor de Filosofía del Derecho Rafael Escudero Alday lo expresó claramente en 2011 en el Diccionario de la memoria histórica: “La recuperación de la memoria histórica es el fenómeno político más relevante acaecido en España en los últimos tiempos”. “La memoria histórica es un instrumento político de futuro, que pretende contribuir a la formación de una identidad cívico-social y una ciudadanía respetuosa con la cultura de la legalidad, la democracia y los derechos humanos”.
Pensamos con este profesor que la carencia de memoria democrática resta a la democracia su activo más valioso: la ciudadanía dotada de compromiso democrático.
Actualmente, algunos gobiernos de la derecha rechazan las leyes de la Memoria y anulan las autonómicas porque, dicen, “reescriben la historia” y “reabren heridas”. Lo que realmente buscan es mantener la historia de “los dos bandos que hicieron inevitable la guerra”, que oculta la fiebre fascista que la oligarquía fomentó para acabar con la II República y cultiva el pensamiento clasista y conservador.
Esta historia ha degradado la memoria social y ha difundido un relato justificativo que ayuda a mantener en el callejero de Vitoria-Gasteiz a los encausados en nuestra moción. Fueron altos miembros de un “Movimiento” que derrocó una República legal para instaurar una dictadura fascista mediante una premeditada y masiva aniquilación de población civil, con servicios profesionales de especial gravedad que les inhabilitan para recibir honores públicos.
A pesar de ello, hay quienes discuten la retirada de algunos de ellos porque dicen que “hicieron cosas buenas” y “no gestionaron la guerra y la represión”. ¿Qué evaluamos en su hoja de servicios de acuerdo con los principios democráticos?
Respecto al obispo Ballester, aliado del cardenal Isidro Gomá y obispo de León, ¿le exonera el reinicio de las obras de la catedral nueva y la construcción de iglesias, el fomento de “La Santa Cruzada”, su membresía en las dos primeras legislaturas de las Cortes de la Dictadura y su falta de atención hacia los penados del convento de San Marcos (León), de los que cerca de 3.000 murieron víctimas de sacas, hambre, frío y enfermedades no atendidas?
En el caso del alcalde José Lejarreta, ¿le exonera la recuperación de las fiestas y el paseíllo de “los blusas”, su declarada “adhesión incondicional a Franco”, la injusta destitución de funcionarios y el reconocimiento a Franco como “Padre de la provincia” y “Diputado General honorario”, que en representación de los alcaldes de la provincia ofició y le valió ser nombrado procurador en las Cortes franquistas?
En cuanto a Carlos Sáez de Tejada, ¿las ilustraciones que realizó para las novelas de Torrente Ballester y Pemán justifican las que hizo para la “Historia de la Cruzada Española”, obra de referencia del “Movimiento”, y para el “Cara al Sol”, himno de canto obligado hasta los años 60? Desgraciadamente, la guerra y la represión más crueles se han gestado en los despachos.
La memoria histórica y crítica es imprescindible para la defensa y el fomento de los principios éticos y el sentido común. La memoria crítica sobre la Segunda Guerra Mundial llevó a aprobar la Carta Universal de los Derechos Humanos en 1948.
La memoria de la alianza frente al fascismo es una vacuna contra el militarismo, el machismo y el neofascismo, y nos prepara para afrontar los grandes retos que tenemos planteados: la democratización del Estado y de la gobernanza internacional, la erradicación de la corrupción, la desigualdad social y de género, y el cambio climático.
Confiamos por ello en que el informe pericial de los expertos, que está próximo a emitirse, ponga de relieve los servicios más trascendentes prestados por estas cinco personalidades que la moción aprobada propone retirar, y que la decisión de la Excma. Alcaldesa cumpla la ley y nos ayude a democratizar el callejero de Vitoria-Gasteiz, sustituyendo en él a los antidemócratas por mujeres meritorias. Nos va en ello la democracia.