- El Gobierno francés recibió ayer el visto bueno a dos de las medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia: la obligación de presentar a partir del próximo lunes, 9 de agosto, un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes y de que el personal médico se vacune contra la covid. La entrada en vigor de la nueva ley en la que se enmarcan ambas exigencias estaba pendiente del aval del Consejo Constitucional.

Esa institución había sido consultada por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición de izquierdas. El llamado pase sanitario consiste en un test negativo de coronavirus de menos de 48 horas para los lugares culturales y de menos de 72 horas para los viajes; una pauta de vacunación completa o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos. Se exigía ya desde el 21 de julio en lugares culturales como museos o cines, y desde este lunes también en bares, restaurantes o centros comerciales.

El Consejo Constitucional estima que la protección de la salud que estas medidas ofrecen “está por encima de la afrenta a las libertades” que denuncian los opositores de la ley. Su presentación pasa a ser también obligatoria en centros médicos u hospitalarios para quienes acompañen a los pacientes o los visiten, pero en ningún caso, según se precisó, puede limitar el acceso de los enfermos a los cuidados. No todas las disposiciones evaluadas, no obstante, obtuvieron el aval del organismo.

El Consejo Constitucional censuró la posibilidad de romper de forma anticipada un contrato temporal o interino a quienes no dispongan de ese justificante sanitario. E igualmente vetó el aislamiento obligatorio durante diez días de quienes hayan dado positivo de coronavirus, el mismo que se aplica a quienes lleguen procedentes de un país de riesgo elevado, al considerar que constituye una privación de la libertad. El primer ministro francés dijo tomar nota de ambas anulaciones, y recalcó que los poderes públicos se volcarán en recordar a todas las personas contagiadas la necesidad de “respetar escrupulosamente” las correspondientes recomendaciones médicas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró el pasado 12 de julio que el pase sanitario “es una pequeña herramienta que puede salvar vidas”, pero el anuncio de su generalización y de la ley que lo valida, a mediados de julio, provocó una nueva oleada de manifestaciones masivas en el país. El Ministerio del Interior calcula que más de 204.000 personas protestaron el pasado sábado, 31 de julio, frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del 17 de julio. Y este fin de semana se prevén nuevas protestas que agrupan tanto a antivacunas como a contrarios a las nuevas restricciones o a adeptos de teorías del complot.

Porque a nivel general, según un sondeo del instituto demoscópico Elabe, el uso del certificado sanitario recibe un apoyo mayoritario: seis de cada diez habitantes no tienen problemas en presentarlo para viajar, acceder a sitios culturales u hospitales, y un 55% tampoco se opone a que lo pidan en bares y restaurantes. En las redes sociales una de las primeras políticas en lamentar la decisión de la institución fue la ultraderechista Marine Le Pen.

Sanciones a bares, no a clientes. La última resolución del Superior de Justicia de Cantabria que suspende el cierre del interior de los establecimientos hosteleros “es clarísima” y no afecta a la vigencia del pasaporte covid, que ya es obligatorio para acceder a ellos en los municipios en niveles 3 y 4, por lo que se controlará el cumplimiento de esta medida con las inspecciones y sanciones que correspondan, que recaerán sobre el local y no sobre los clientes.

Debate. La Comisión Europea despejó ayer el camino de la tercera dosis al atribuir la decisión a cada Estado, y limitarse a sugerir tener en cuenta las evidencias científicas, cuando algunos países miembros como Alemania o Francia, o desde fuera, el Reino Unido, anunciaban el inicio en septiembre de una nueva ronda de vacunaciones. Los países más desarrollados contemplan ya la opción para otoño, pese a la petición de moratoria de la OMS, que apela a la solidaridad con los países mas pobres. En la disyuntiva presente, la portavoz de la CE Arianna Podestà aclaró que, en cualquier caso, para el futuro es necesario “seguir garantizando la disponibilidad de suficientes vacunas”.