n agosto frenaron el adelanto del horario de cierre del ocio nocturno. Meses más tarde, la limitación de las reuniones a seis personas. La última decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha permitido la reapertura de la hostelería en zona roja, llueve sobre mojado, pero el Gobierno Vasco considera en esta ocasión "especialmente grave que el tribunal entre a valorar cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico". Pese a ello, no recurrirá el auto. La presidenta en funciones del TSJPV, Garbiñe Biurrun, y el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, analizan dicha resolución y la polémica suscitada.

En un momento en el que la incidencia del covid sigue siendo alta, la reapertura de los establecimientos hosteleros podría generar confusión. "La epidemia está en una situación complicada y el auto se hace eco de esa grave situación, pero eso no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno sea correcta desde el punto de vista de los derechos o actividades que restringe, sea proporcional o esté justificada. Cualquier medida que se adopte con la mejor voluntad, cosa que no está en cuestión, tiene que ser justificada si alguien la impugna", explica la presidenta en funciones del TSJPV, quien recuerda que "hay otras medidas restrictivas, que también ha adoptado el Gobierno Vasco, que siguen vigentes, como la limitación horaria, los aforos o las distancias".

Tras este último revés, el Ejecutivo vasco insiste en que no dispone de "herramientas jurídicas" suficientes para hacer frente a la pandemia. De hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, pidió al presidente del Gobierno español acordar "mecanismos legales" para que las restricciones propuestas cuenten con todas las garantías. "No entiendo muy bien qué quiere decir el Gobierno cuando dice que no tiene todas las herramientas suficientes. Mecanismos tiene todos, salvo para la restricción de derechos fundamentales", precisa Biurrun. Otra cosa, añade, es que "cualquier decreto de cualquier gobierno puede ser objeto de control judicial. Si lo que se pretende es que no pueda haber control judicial, estamos hablando de algo muy grave y peligroso. Entiendo que no debe querer decirse eso", comenta.

Tal y como explica la magistrada, en octubre el TSJPV impidió que se limitaran las reuniones a seis personas "porque el Gobierno Vasco no tenía competencia para hacer esa restricción de un derecho fundamental con carácter general y nadie puso en cuestión que esa resolución de la Sala de lo Contencioso fuera equivocada. Todo el mundo asumió que eso tenía que hacerse en un decreto declarando el estado de alarma y es lo que se hizo", argumenta Biurrun. En el caso del cierre de la hostelería, en cambio, "nadie cuestiona la competencia del Gobierno Vasco para adoptar esa decisión, que se ha suspendido cautelarmente en evitación de graves daños para el sector hostelero y entendiendo que no está acreditada esa relación causa efecto entre su actividad y la extensión del virus", señala.

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, destaca la gran trascendencia de la última resolución del TSJPV. "Hay 66.000 negocios en Euskadi que pueden reabrir y dos millones y medio de ciudadanos que podemos entrar en un local. El impacto es muy relevante", subraya y reconoce la dificultad que conlleva dirimir sobre este asunto. "Había un conflicto y un juez decide que la limitación del derecho a trabajar de un sector no está justificada en virtud del derecho a la salud. Es una decisión compleja", admite.

Sobre "la crítica que se ha hecho de que los jueces no pueden decidir porque no son epidemiólogos", Uriarte afirma que "cualquier decisión es controlable y los jueces, aunque no somos expertos en Sanidad, tampoco lo somos en otras muchas cosas y resolvemos sobre ellas". En este sentido recuerda que, cuando era magistrado mercantil, tuvo que "resolver en un pleito muy complejo sobre motores de aviones. Había muchísimo dinero en juego y yo no sé de motores de aviones, pero a mí me traen unas fuentes de prueba y, a partir de ahí, decido en derecho". Es más, apunta, "somos el único organismo que, cuando el conflicto llega a nuestro tribunal, no podemos abstenernos de decidir".

Las diferencias entre las medidas adoptadas con respecto a la hostelería en las distintas comunidades pueden resultar incomprensibles a ojos de los ciudadanos. "Las circunstancias y la normativa de las administraciones no tienen por qué ser las mismas. Las impugnaciones que se presentan y la resistencia que opone la administración, tampoco. Y lo más importante, los jueces somos independientes. Lo que dicte el Tribunal Superior de Justicia de Navarra nos puede orientar, pero no nos vincula y las decisiones a veces pueden ser diferentes", argumenta.

En lo que sí coincide con el Ejecutivo vasco es en que no dispone de los instrumentos legales para gestionar esta crisis. "Estamos en una situación nueva y no tenemos una legislación adecuada a la urgencia sanitaria que vivimos. Para limitar las libertades hay que cubrir una serie de instrumentos legales que probablemente no se adecúen a esta situación tan excepcional. Por eso, cuando alguien reclama, los tribunales pueden corregir", explica. De hecho, recapitula, "aquí se ha corregido tres veces y en otras comunidades se ha corregido también, con lo cual se evidencia que no hay un instrumento ajustado a esta realidad, que es tan nueva que no la hemos vivido nadie".