- Tiempo para enriquecer el contenido de la futura Ley vasca de cambio climático está habiendo porque como ya ocurriera en 2011, esa normativa volvió a quedar en suspenso debido al repentino final de la legislatura. Cierto es -como han denunciado partidos y plataformas sociales- que la urgencia de articular políticas de contención y mitigación ha quedado en stand by hasta nuevo aviso. Pero también es verdad que se ha abierto una nueva ventana para incluir otras aportaciones, como las relacionadas con la gestión de residuos, y como las últimas lanzadas por el Consejo Económico y Social vasco (CES). Porque aunque la valoración general sobre esa ley es más que positiva, siempre hay margen de mejora.
En este caso, una de las recomendaciones que debería tener en cuenta el Ejecutivo y el Parlamento Vasco de esta XII legislatura, que nace marcada por la crisis sanitaria, social y económica originada por el SARS-CoV-2, pasaría por definir y asentar un “ambicioso programa de apoyo para los sectores” que puedan ver “muy especialmente” afectada sus actividades a causa de los efectos de la crisis climática. El informe del CES incide en la necesidad de que cualquier medida, iniciativa o política pública que se adopte debe estar enfocada hacia una transición justa. Es decir, que esa migración hacia la sostenibilidad se haga de forma ordenada, cohesionada, coordinada y con el acompañamiento de las distintas administraciones: locales, territoriales y nacionales. “Solo así dichos sectores y actividades podrán modernizarse y adecuarse a los mandatos de la Estrategia vasca para el cambio climático 2050 sin que se generen pérdidas sociales y económicas”.
El reto por mitigar y adaptarse al cambio climático y, al mismo tiempo seguir avanzando hacia una economía resiliente y neutra en carbono obligará a transformar la cultura social y política vasca. Y es que, la crisis climática no es un problema exclusivamente medioambiental ni que tenga que ser resuelto por los gobiernos y las empresas. Por eso, una de las sugerencias señaladas en el dictamen elaborado por el CES allá por el mes de enero tiene que ver con impulsar un pacto social de acción climática, que reflejaría un compromiso “colectivo y de estrecha colaboración” para encarar con un mínimo de garantías la transición hacia ese escenario más sostenible.
La propuesta ni es descabellada ni, mucho menos, desconocida para la administración vasca. De hecho, este mismo año se ha promovido un acuerdo similar en materia de energía. Eso sí, el citado pacto social por la acción climática debería ser como un paraguas que dé cobijo a esos otros acuerdos sectoriales o temáticos, como puedan ser el de la energía o el de la movilidad. El dictamen subraya también la necesidad de reforzar la colaboración público-privada en esa transición ecológica y pide que se ponga en valor de forma más explícita el esfuerzo y la contribución que la empresa vasca, las personas trabajadoras y los profesionales del sector han efectuado en la implantación de las políticas ambientales y que van a seguir efectuando en la transformación de la economía y la sociedad, que la nueva ley requiere.
“Teniendo en cuenta que las empresas están obligadas a desarrollar actuaciones concretas para poder cumplir con los compromisos y las obligaciones legales que se vayan adoptando en esta ley y otras leyes que desarrollan esta último -como es el caso de la Ley de movilidad sostenible o de sostenibilidad energética- sugerimos que se contemple la posibilidad de impulsar iniciativas piloto para el desarrollo de redes de entidades donde las empresas, entre otras cuestiones, puedan compartir experiencias prácticas, ideas o metodologías… Un espacio donde puedan colaborar entre ellas en el desarrollo de medidas, en la elaboración de herramientas e iniciativas compartidas en mitigación y adaptación al cambio climático, y en economía circular”, apostilla el dictamen firmado por el Consejo Económico y Social vasco.
Por otra parte, la importancia de los instrumentos incentivadores también es destacada por el CES, una materia que, a su juicio, requiere del consenso de las distintas administraciones vascas y que podría desarrollarse en el marco de ese pacto social de país propuesto. En este campo, el Consejo subraya la conveniencia de implantar una fiscalidad verde armonizada, enfocada a la competitividad empresarial, de “largo recorrido y estable”, que permita “afrontar con seriedad y realismo la adaptación de la empresa vasca a la nueva legislación europea en materia de descarbonización”. En este proceso, el órgano consultivo pide que los objetivos de reducción de emisiones sigan las directrices marcadas por la UE y sean “realistas y paulatinos, de acuerdo con la realidad del tejido empresarial vasco”.
Por último, el Consejo Económico y Social vasco insiste en que la Ley de Cambio Climático “sea, en cualquier caso, la norma de referencia y la norma directriz” para otras leyes, como la de Sostenibilidad Energética, la de Movilidad Sostenible o la de Desarrollo Rural, aunque algunas de estas se hayan tramitado con anterioridad, “en una secuencia de tramitación que, a su juicio, no ha sido la más idónea”. Tampoco son muy acertados, a juicio del Consejo Económico y Social, los plazos fijados para revisar la Estrategia Vasca de Cambio Climático (10 años) y los planes de acción a los que se asigna una periodicidad de 5 años. “Son excesivamente amplios teniendo en cuenta la rapidez del avance del conocimiento sobre la materia y de la propia realidad”.
Objetivos. Se sugiere incorporar al articulado “promover los cambios de hábitos de comportamiento de la ciudadanía”.
Aplicación. El ámbito de actuación de la norma contempla las actividades que sean responsables de la emisión de gases de efecto invernadero por ser un factor específico de riesgo climático, pero el CES recomienda una visión más genérica, que por si acaso, abarque al resto de supuestos de riesgo climático tales como “actividad susceptible de producir o aumentar el riesgo climático de cualquier otra forma”.
Protección. Además de personas, bienes, recursos y patrimonio natural, se sugiere incorporar el “patrimonio cultural” por considerar que parece que también debiera incluirse como elemento a proteger ante la acción climática. Además, se propone reconocer y atender a las industrias y comarcas directamente afectadas por los impactos motivados por los cambios económicos y tecnológicos derivados de la transición energética. También se propone reconocer las problemáticas e impactos específicos del cambio climático en poblaciones costeras.
“Resulta fundamental una acción colectiva y cada vez más urgente y decidida”
Dictamen 3/20
“El cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Pacto Verde Europeo requiere disponer de instrumentos jurídicos pertinentes”
