os juristas discrepan sobre la conveniencia del uso de nuevas tecnologías que utilizan datos personales para la autoevaluación médica y sobre la posible geolocalización de usuarios a efectos de ayudar a las autoridades a gestionar la crisis de la covid-19, explican a Efe diversos abogados.
Algunos ejecutivos autonómicos, como la Generalitat de Cataluña o la Comunidad de Madrid, ya han puesto en marcha aplicaciones para realizar autoevaluaciones y seguimientos médicos, que se basan en el consentimiento de los propios usuarios o en el interés general derivado de la situación de urgencia por la pandemia.
Además, el pasado 27 de marzo la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial aprobó una orden para autorizar el desarrollo de una aplicación para el teléfono móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los "efectos de verificar que se encuentran en la comunidad autónoma en que declaran estar".
Para Sergi Juan-Creix, profesor de Derecho de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), estas medidas "cuentan con todas las garantías" conforme a la regulación europea de protección de datos, entre las más exigentes del mundo.
"Si hubiéramos tenido estas aplicaciones desde el principio de la pandemia no hubiéramos llegado a este punto porque hubiéramos podido controlar mejor los contagios", considera el letrado del despacho Croma.
En ese sentido señala que será clave desarrollar tecnología para gestionar mejor las próximas pandemias que puedan surgir.
Por su parte, Mar Aguilera, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona (UB), considera "desproporcionadas" las medidas, que considera "una invasión de la intimidad que va en contra de los derecho fundamentales" recogidos en la Carta Magna.
"Entiendo que hay otros modos menos lesivos para los derechos fundamentales de trazar a las personas".
"Quizá trazar así a las personas haya sido útil en China, pero nosotros somos una sociedad democrática que tiene que buscar otras fórmulas y mirarse en el reflejo de países como Dinamarca, Alemania o Francia. No en China", subraya Aguilera.
Preguntada sobre las garantías establecidas por las nuevas normas y el conjunto de la normativa europea de protección de datos, señala que ya se ha demostrado en últimos años que aunque se tomen medidas de precaución, como que sean anónimos, es posible que se den hackeos.
"No es ciencia ficción, lo hemos visto en países como Suiza, donde no se pudo consolidar el voto electrónico por los hackeos", indica Aguilera.
Para esta profesora de Derecho Constitucional, "aunque haya buenas intenciones detrás, como la lucha contra la pandemia, nada garantiza que no se filtren, se vendan o se dé un uso distinto al original a esos datos" por parte de los intermediarios, como las operadoras.
Sin embargo, Juan-Creix ve "simplista" criticar la base legal para las nuevas medidas tecnológicas apuntando que colisionan con derechos fundamentales porque se han establecido garantías "para que no sea un cheque en blanco para saltarse todas las normas".
"Está claro que no se puede usar la pandemia para hacer un Gran Hermano a los ciudadanos. Pero sí, como es el caso, usar mecanismos legales para combatir el virus", algo que "los ciudadanos van a comprender, como comprendieron el confinamiento", añade.
Además, destaca que en este caso, como en todos los de tratamiento de datos personales, se establece de entrada la finalidad concreta, objetivo que al cumplirse extingue la validez de los instrumentos. "No se trata de tratar datos personales a perpetuidad", apunta.
A este respecto, Xavier Gasia, abogado y experto en Blockchain, considera que "no se trata tanto de si (las medidas) te gustan o no, sino de que sean legales", como opina que es el caso con las nuevas aplicaciones desarrolladas a partir de la normativa de protección de datos.
"Políticamente puedes considerarlo más justo o más injusto, pero estamos ante una situación excepcional, una situación reglada con base a derecho, con la base del interés público para el control de epidemias", explica.
Destaca asimismo que el tratamiento de datos personales de los móviles se haga de forma agregada y anónima para que no se pueda trazar e identificar a la persona, garantía que protege al ciudadano pero a la vez permite ayudar a la gestión con el control de cambios de comunidades autónomas o para realizar "mapas de calor" de afectados por zonas.
