Gasteiz - El Gobierno Vasco ha facilitado entre los años 2017 y 2019 el acceso a una vivienda de alquiler público a 39 familias que fueron desahuciadas de sus casas por impago y que estaban en especial situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. El Departamento de Vivienda está obligado a adjudicar un piso protegido a las unidades familiares que se vean obligadas a abandonar sus casas por lanzamientos hipotecarios [desahucios] o impagos de alquiler en cumplimiento de lo recogido en un convenio suscrito con Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, y con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que articula medidas de carácter social para proteger a estas familias.

En concreto, el Departamento dirigido por Iñaki Arriola se compromete a poner a su disposición pisos de alquiler público cuando sea requerido por los Servicios Sociales de base del municipio en el que residan por las circunstancias de riesgo de exclusión social que puedan atravesar los afectados por estos desahucios. Se trataría de familias numerosas, monoparentales con hijos, núcleos familiares con personas discapacitadas, dependientes, enfermos permanentes que no puedan trabajar o mayores de 60 años y víctimas de violencia de género.

A través de este procedimiento, en 2017 se adjudicaron 7 viviendas, a las que se suman otras 49 para unidades familiares que aunque no fueron desahuciadas sí que estaban en riesgo de exclusión social. En 2018 fueron 8 las viviendas facilitadas más otras 13 por el segundo supuesto, mientras que en 2019 y hasta el pasado 31 de julio se habían adjudicado 24 viviendas, según los datos facilitados por Arriola al Parlamento Vasco a petición de Elkarrekin Podemos.

“Estas familias deben suscribir un contrato de arrendamiento en las mismas condiciones, derechos y obligaciones que si hubieran accedido a esa vivienda en un procedimiento de adjudicación ordinario y tendrán que estar dadas de alta en el registro de solicitantes de Etxebide”, describió el consejero. Además de facilitar una vivienda, el convenio también contempla la tramitación de prestaciones sociales, la derivación de las familias a otros servicios, o directamente no intervenir si la situación no encaja en los supuestos previstos de riesgos de exclusión.

Durante el primer trimestre de 2019 el número de lanzamientos hipotecarios fue de 315 en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, de los cuales 234 estuvieron motivados por impagos de alquiler, según los datos facilitados desde el Consejo General del Poder Judicial. El convenio entre el Departamento de Vivienda, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial se firmó en 2013 y se renovó en febrero de este año “para adaptarlo a las modificaciones normativas y dotarlo de mayor eficacia, de cara a que se facilite la comunicación entre los juzgados, los ayuntamientos y el Gobierno vasco”, agregó Arriola en la respuesta parlamentaria.

Para ello, se está desarrollando un nuevo registro informático que facilitará la colaboración y la comunicación entre esas instituciones. “Esta herramienta contendrá un estudio estadístico de las actuaciones realizadas para que la gestión de los expedientes sea más ágil y permita planificar y coordinar las actuaciones sociales previstas en caso de necesidad”, concluyó el titular del Departamento de Vivienda. - Efe

Los perfiles. Cuando sea requerido por los Servicios Sociales de base, el Gobierno Vasco está obligado a adjudicar un piso protegido a personas y familias que se vean obligadas a abandonar sus casas por lanzamientos hipotecarios o impagos de alquiler y que estén en especial situación de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. Se trataría de familias numerosas, monoparentales con hijos, núcleos familiares con personas discapacitadas, dependientes, enfermos permanentes que no puedan trabajar o mayores de 60 años y víctimas de violencia de género.