Bilbao - Los informes de este organismo no son vinculantes pero la presidenta admite que cada vez van tomando un mayor peso en la sociedad. Parte de su trabajo se centra precisamente en darse a conocer. Incluso en breve presentarán una guía.

¿Qué funciones tiene la Autoridad Vasca de la Competencia?

-Somos un organismo autónomo dependiente del Gobierno vasco adscrito al departamento de Hacienda y nuestra misión consiste en promover y garantizar las condiciones de competencia en los mercados de Euskadi. Para ello, tenemos una serie de funciones que nos da la ley que básicamente se pueden resumir en dos grandes bloques. Por un lado, tienen que ver con los expedientes sancionadores en los que se instruye un posible ilícito de competencias y si el expediente así lo indica y la tramitación puede terminar en una resolución, puede suponer una sanción económica. Por otro, tenemos otra serie de funciones que en el argot de la competencia se llama la promoción de la competencia y ahí se aglutinan unas cuentas tareas que son tan importantes o más que la parte sancionadora y que son acciones a más a corto plazo.

La Autoridad Vasca ha mantenido un criterio diferente de la CNMC con respecto a los pisos turísticos. ¿Cuál es su postura?

-Decidimos no impugnar las normas municipales recogidas en el PGOU a este respecto. Hicimos un estudio bastante profundo de cuál era la situación de los pisos turísticos en Euskadi centrado en las tres capitales. Las defensas que llevamos fueron básicamente que la situación y la evolución del turismo en este país asociado a la especificidad de la situación de la vivienda, sí hacía necesaria una regulación. Muchas veces pensamos que la competencia y la intervención a través de una regulación pueden ser antagónicas, pero no es así. Son actuaciones que tienen que ser complementarias y en este caso sí era una regulación necesaria y emitimos una serie de recomendaciones basadas en otras ciudades y optamos por esa vía. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia se ha pronunciado sobre el recurso que puso la Comisión Nacional de Mercados y competencia a la modificación del Plan en Bilbao y han desestimado el recurso. Nosotros hemos hecho alegaciones en base a recomendaciones que extraimos del estudio.

¿Qué recomiendan ustedes?

-Vemos que la situación hace que la normativa sea necesaria, que es el primer requisito que tiene que tener la intervención a través de la regulación. Para que esas normas puedan ser más proporcionales hacemos una serie de recomendaciones. Por un lado el mecanismo de la físcalidad y por otro el de la proporcionalidad que creemos que se podría reforzar estableciendo medidas con respecto a cuántos pisos turísticos por zonas debe haber, o el global de la ciudad. En Bilbao no hay establecimiento de cupos, pero sí están limitados a la primera planta de las viviendas. Estos requisitos podrían ser atemperados o alternativos a otros requisitos.

¿Por ejemplo?

-La ley de propiedad horizontal se modificó para permitir que las comunidades de vecinos puedan impedir la implantación de pisos turísticos y a su vez esa misma vía de la comunidad de vecinos también se puede utilizar en positivo.

¿Sus recomendaciones son vinculantes?

-Actualmente no son vinculantes pero nuestro objetivo es trabajar para tener una mayor presencia en lo que es el proceso de elaboración de las normas.

¿Cuál es su recomendación con respecto a plataformas de transporte como Uber y Cabify en el País Vasco?

-Emitimos un informe en diciembre de 2018 tras la última modificación operada por el real decreto ley que se ha aprobado en septiembre a nivel estatal. Está claro que es un mercado muy regulado que se ha ido transformando básicamente por dos cuestiones. Una es la aparición de plataformas digitales que han hecho crecer la oferta y han variado, agilizando y aumentado los servicios de VTC y por otra parte, durante los últimos años ha habido una serie de modificaciones que han generado bastante confusión. Ha habido vaivenes normativos que han acarreado los problemas que se están viendo ahora. Nosotros claramente creemos que esta regulación subyace de un tema de mercado y de condiciones del trabajo y que por tanto está dentro de las funciones de la Autoridad y cualquier normativa que se aprobara aquí en Euskadi sobre esta cuestión de VTCs y taxis pensamos que no puede dar la espalda al futuro.

¿A qué se refiere?

-Sería totalmente ilógico que se prohibiera la geolocalización cuando se contrata un vehículo con conductor porque estamos en un mundo digital y no tiene mucho sentido que se contraten determinados servicios con un plazo muy largo de antelación cuando vivimos en el mundo de la inmediatez y a través del mundo del digital precisamente se facilita la rapidez del acceso al servicio. Es verdad que taxis y VTCs, en sentido estricto, la actividad que se presta son semejantes, lo que les diferencia es la regulación. Son regímenes diferentes por las condiciones de acceso y de ejercicio de la actividad que les han impuesto, no porque el servicio en sí mismo sea distinto. Entonces cualquier regulación que se vaya a tramitar aquí en Euskadi entendemos que tiene que tener una visión de futuro y adaptada a nuestros tiempos. Nuestra recomendación es, desde luego, favorable a que entren en el mercado de Euskadi.

¿En este tipo de regulaciones, cuentan con su criterio?

-Generalmente se abre un expediente en el que se cuenta con nuestro informe para tenerlo en cuenta, aunque como digo, no es vinculante. En este caso no se ha iniciado todavía la tramitación, pero esperamos que se nos tenga en cuenta porque lo que se va a regular es una cuestión totalmente de competencia.

¿Y, en otros temas?

-Se ha avanzado mucho. Estamos haciendo un esfuerzo especial porque se visibilice y se tenga presente nuestra función como órgano consultivo en Euskadi, no solamente de las administraciones sino también de empresas, asociaciones... y ese esfuerzo es por el que estamos apostando para acercarnos también a las diferentes instituciones del país sí que está dando sus frutos.

¿Un particular puede solicitar su asesoramiento?

-Vienen muchos particulares, no solo empresas. Estamos abiertos a todos los sectores. Si un particular cree que una actividad le está perjudicando también puede consultarnos. De hecho, ha crecido el número de consultas.

¿Qué tipo de consultas hacen los ciudadanos?

-Muchas son en relación al ejercicio de una actividad profesional, si hay unos requisitos concretos que una persona entiende, por ejemplo, que son excesivos, se consulta qué opinión tenemos nosotros. Hay muchas consultas sobre temas de contratación pública, de empresas competidoras. Hay mucho desconocimiento de lo que es nuestra actividad, pero también de lo que es la competencia. Hay particulares que perciben que algo puede chirriarles y acuden a nosotros para consultar. A veces se confunde el derecho a la competencia con la competencia desleal.

El recurso contra la decisión del Ayuntamiento de Bilbao de acotar el número de bares en el Casco Viejo fue una de las intervenciones que les hicieron más visibles, al menos en Bilbao.

-Yo no estaba aún en el cargo de presidenta, pero sí puedo decir que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia estimó parcialmente el recurso de la Autoridad y al final en los temas urbanísticos siempre hay un toma y daca porque son temas que quedan fuera de la competencia, salvo que afecten a las actividades económicas. Por eso, muchas veces se trata de ver si una limitación o un requisito impuesto por una norma urbanística afecta a la actividad. En este caso el Tribunal Superior de Justicia sí estima que por un tema de protección del entorno y del patrimonio las distancias son acordes a la legalidad. Y nos han dado la razón con respecto a otros establecimientos.

Iniciaron un expediente sobre la subida de precio de los hoteles con motivo de las finales de Rugby.

-Abrimos una investigación al hilo de que podía haber acuerdos para subir los precios. No el hecho en sí mismo de que los precios fueran excesivos porque hay libertad de precios. La conducta que empezamos a examinar es si ese incremento se podía haber producido por un acuerdo entre los hoteles de la ciudad. En este momento, el expediente está asignado a la CNMC porque en el análisis nos hemos centrado en las cláusulas de paridad que utilizan las plataformas digitales para la contratación de hoteles y al exceder lo que es la Comunidad Autónoma le correspondería a la CNMC.

¿En estos momentos qué expedientes tienen en marcha?

-Tenemos en marcha un expediente sobre la recogida de aceites vegetales. Está incoado y afecta a dos empresas a este negocio. Se basa en un posible reparto de mercado de la recogida de aceites.