La ‘pinza’ achaca al Gobierno el fraude en los jantokis

Esta conclusión choca radicalmente con el criterio sostenido por la Fiscalía Superior del País Vasco, la Autoridad Vasca de la Competencia y con el propio informe redactado por la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu). Dictámenes y autos que niegan “connivencia” alguna entre el Ejecutivo vasco y el cártel. Fin del último acto. Cae el telón. Aplausos de la oposición y pitos entre los socios de gobierno, que no dudaron en calificar la maniobra de “teatro”. Es más, el PNV decidió retirar todas sus enmiendas de la comisión para no participar en la “farsa” orquestada por la oposición.

Así concluyó ayer la comisión de investigación parlamentaria creada en febrero de 2018 para analizar si hubo responsabilidades políticas en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares después de que Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por repartirse el mercado y fijar los precios, multa que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó a 7,4 millones de euros. Ha sido más de un año de investigación, diez sesiones parlamentarias y decenas de testimonios, como los de los responsables de las empresas sancionadas, la Autoridad Vasca de la Competencia, técnicos o los de los responsables de la cartera de Educación durante la etapa investigada: Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (EA) e Isabel Celaá (PSE).

Sin pruebas A lo largo de la comisión -filtraciones del dictamen incluidas- ninguna de las pruebas aportadas apuntaba en la línea de lo aprobado ayer por EH Bildu, PP y Podemos sobre la complicidad política de los ejecutivos con los empresarios. El informe de Ugarte sí menciona la ausencia de control y seguimiento, habla de la existencia de responsabilidades técnicas y falta de celeridad por parte de la Administración, pero en ningún caso observa algún tipo de responsabilidad política. El dictamen elaborado por Ugarte señala textualmente que la comisión “no ha podido acreditar que se haya producido ningún tipo de colaboración o connivencia entre las empresas sancionadas y los responsables técnicos o políticos del Gobierno Vasco”. Sin embargo, ayer salió adelante una enmienda de Elkarrekin Podemos que endurece el propio dictamen de la comisión porque eleva la cuantía del sobrecoste -de 70,8 a 80,2 millones de euros- y considera “acreditada la responsabilidad política” de diversos cargos del Gobierno. Este pronunciamiento fue posible por los votos del PP que, días antes de las elecciones del 26-M, retiró su firma de la enmienda a la totalidad que iba a presentar junto a PNV y PSE contra el dictamen, el mismo dictamen que sigue sin ver responsabilidades políticas de los consejeros. Hasta ayer.

Según el parlamentario jeltzale David Latxaga “todo lo que se recoge en el informe de conclusiones que hoy (por ayer) han aprobado los tres grupos de la oposición es un traje a medida confeccionado con el único fin de atacar al Gobierno Vasco y al PNV”. Latxaga acusó a EH Bildu, Podemos y el PP de hacer “un uso partidista de esta institución”, examinando lo ya investigado y juzgado por los tribunales, excediéndose del límite temporal acordado, despreciando lo manifestado por los comparecientes en sede parlamentaria y redactando de antemano unas conclusiones que no buscan mejorar las contrataciones públicas o la gestión de los comedores sino minar la credibilidad del Ejecutivo. “Un teatro que no responde a la realidad de los hechos y que tiene como actores a tres partidos que saben entenderse a la perfección cuando de lo que se trata es de atacar y obstaculizar la acción política”, señaló.