vitoria - La cifra de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se redujo un 8,3% en 2018, pasando de las 60.405 personas que cobraban esta ayuda social al finalizar 2017 a las 55.380 de diciembre pasado. La mayor parte de esta reducción es achacable a la mejoría registrada en el mercado laboral y en la situación económica general de la Comunidad Autónoma Vasca, como destacó esta semana la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. La reducción de beneficiarios de la RGI se registró en los tres territorios históricos, pero de forma más acusada en Bizkaia, donde el descenso alcanzó el 8,6%.

En el año en que previsiblemente se debatirá y aprobará la reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos, la ayuda para vivienda y las ayudas de emergencia social, la senda de bajada en el número de titulares de estas prestaciones evidencia la relación directa entre el ciclo económico y las necesidades sociales. De ahí que el proyecto de reforma del Sistema vasco de Garantía de Ingresos se plantee como vital para adecuar las ayudas a las nuevas situaciones que atraviesan los hogares de Euskadi.

Desde el máximo de perceptores de la RGI registrado en 2015, con un total de 65.578 beneficiarios, hasta la actualidad ha habido un recorte de más de diez mil personas en el cómputo de las ayudas que gestiona Lanbide. Y de estos tres años de descenso prácticamente continuo, el último ejercicio, con una caída de 5.025 perceptores en 2018, concentra casi la mitad de la reducción. Esta tendencia, asociada tanto a un mejor ritmo de contratación como al incremento de las revisiones de expedientes y los controles en el cumplimiento de las condiciones de acceso, podría mantenerse este año si continúa la recuperación del mercado laboral. Una consecuencia directa de la senda de reducción del número de perceptores es la menor exigencia presupuestaria para cubrir tanto la RGI como la ayuda para vivienda que reciben una buena parte de los perceptores.

Para este ejercicio el Gobierno Vasco ha previsto un gasto conjunto en estas prestaciones de 470 millones de euros, de los que 387 millones son para la RGI y 83 millones para la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). La partida de 470 millones de euros prevista para este año supone un 3,9% menos que la presupuestada en 2018 y, aunque incluye una subida del 2,25% en las prestaciones.

En cuanto a las cifras aportadas por Lanbide, el año 2018 empezó con una ligera bajada de la cifra de perceptores respecto al cierre de 2017, ya que al finalizar enero había 59.914 personas recibiendo una RGI (60.405 en diciembre de 2017). Mes a mes la lista fue reduciéndose hasta acabar con 55.380 perceptores, un 7,5% menos.

En cómputo anual -de diciembre a diciembre- y desde el punto de vista del género, el recorte en el número de perceptores no ha sido homogéneo, ya que ahora hay un 9,8% menos (2.546 menos) de hombres titulares de una RGI, mientras que la bajada en el grupo de mujeres solo fue del 7,1% (2.479 menos). Este recorte más acentuado en el caso de los hombres ha acrecentado la diferencia histórica en favor de las mujeres, que han pasado de representar el 57% del total de perceptores a ser el 57,8% y superan a los hombres en 8.638 titulares. De las 32.009 mujeres que hay actualmente cobrando una RGI, 20.081 están en Bizkaia, 7.483 en Gipuzkoa y 4.445 en Araba. En el caso de los 23.371 hombres en las listas de beneficiarios, 14.083 residen en Bizkaia, 5.509 en Gipuzkoa y 3.779 en Araba.

Por lo que respecta a los diferentes colectivos que reciben las ayudas gestionadas por Lanbide, el grupo de perceptores de nacionalidad extranjera fue el que registró una mayor contracción, un 8,3% que supone 1.383 extranjeros menos. Así, en diciembre de 2017 había 16.472 personas extranjeras recibiendo una RGI y el mes pasado esa cifra era de 15.089 personas. El colectivo de pensionistas bajó un 8,1% y ahora hay 14.237 que complementan sus pensiones con la RGI: 1.261 menos que los 15.498 registrados en diciembre de 2017.

Por territorios De los complementos para vivienda (PCV) y por familia monoparental, el primero se anotó una rebaja más acusada, del 7,4%, en la nómina de beneficiarios, que pasaron de 27.917 al acabar 2017 a 25.838 en diciembre del año pasado (2.079 menos). Mientras que los beneficiarios con complemento por monoparentalidad se redujeron un 4,8%: de 9.338 a 8.888, 450 menos.

Al igual que en el caso de hombres y mujeres, la bajada en el número de beneficiarios de ayudas no ha sido homogénea territorialmente y el descenso más acusado registrado en Bizkaia ha hecho que este territorio haya reducido en dos décimas su peso en el conjunto de perceptores: la bajada a lo largo de 2018 fue del 8,6% en Bizkaia (3.221 perceptores menos), del 8% en Gipuzkoa (1.136 menos) y del 7,5% en Araba (668 menos). Al finalizar 2017 en Bizkaia residía el 61,9% de todos los perceptores de ayudas y ahora este territorio alberga al 61,7%. Gipuzkoa ha pasado de tener el 23,3% del total al 23,4% y Araba también ha subido su peso: del 14,7% al 14,8%.

En 2018. El año pasado se caracterizó por registrar reducciones continuas de los perceptores de la RGI, en los doce meses del ejercicio la bajada acumulada fue de 5.025 beneficiarios, que suponen un descenso del 8,31% respecto a 2017.

Desde 2015. Entre la cifra máxima de perceptores de ayudas sociales -65.578-, alcanzada en 2015, hasta la actualidad el descenso de titulares de la prestación ha sido de 10.198 personas, y de ellas casi la mitad se registró el año pasado.

Bizkaia. El año pasado la mayor reducción en la cifra de perceptores tuvo lugar en Bizkaia: un 8,6%. El territorio acabó el año con 34.164 beneficiarios, 3.221 menos que un año antes.

Gipuzkoa. En Gipuzkoa la rebaja fue del 8%, ya que pasó de tener 14.128 perceptores en diciembre de 2017 a 12.992 al finalizar el año pasado: 7.483 mujeres y 5.509 hombres.

Araba. El territorio alavés fue el que menos redujo la cifra de perceptores de la RGI: un 7,5%, 668 beneficiarios menos; en los doce últimos meses pasó de 8.892 a 8.224 titulares, el 14,8% del total.

Presupuesto. El Gobierno Vasco ha previsto para este ejercicio un gasto de 470 millones de euros para abonar la Renta de Garantía de Ingresos y la ayuda para vivienda (PCV).

Adelanto. El pasado 26 de diciembre, a propuesta de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el Consejo de Gobierno Vasco autorizó el gasto de 470 millones de euros para RGI y PCV en 2019. La medida tiene como finalidad garantizar el cobro de prestaciones por sus titulares.

“Creo que esas informaciones están muy relacionadas con el futuro de la política económica, el fin es limitar el gasto social”.

“Creo que a la gente que le iba mal, los que cobran la RGI, le seguirá yendo mal ahora, no creo que haya cambiado la situación”.

“Se nota una mejoría de la situación económica, es real, pero no creo que esta mejoría haya llegado a las personas con menos recursos”

“En mi entorno hay varias personas que han solicitado la RGI para poder pagar el alquiler porque tienen sueldos bajos o no tienen trabajo”