Valladolid - Un monitor de campamento ingresó ayer en la prisión de Villanubla en Valladolid como supuesto autor de un delito de abusos sexuales cometidos sobre al menos diez niños de entre ocho y diez años que asistían a un campamento de verano en la localidad de Hornillos de Eresma (Valladolid).
Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el Juzgado de Instrucción número 1 de Medina del Campo (Valladolid) decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para este monitor, de unos 30 años y vecino de Medina, debido a que existe riesgo de fuga, ante la gravedad de los hechos denunciados y a las evidencias de culpabilidad.
El detenido compareció ante la titular del juzgado y se negó a declarar, según las mismas fuentes, que además apuntan que la juez también tomó declaración a compañeros de trabajo de este campamento en calidad de testigos, así como a familiares de los niños, residentes en Madrid.
Se investiga si hubiera más víctimas, por lo que el caso sigue abierto y no se ha decretado, de momento, el secreto de sumario.
Los niños proceden de Madrid y se encontraban en un campamento de verano, denominado El Trasto y organizado por la empresa privada Campa, ocio y tiempo libre, que se limitó a decir que el caso se encuentra en plena investigación y que la actividad en este centro continúa con normalidad después de la detención del monitor.
Por otra parte, la alcaldesa de Hornillos de Eresma, Coral López de la Viuda, explicó que este caso ha causado mucha consternación en este pequeño municipio de doscientos habitantes.
La alcaldesa aseguró que es la primera vez que ocurre algo así en las instalaciones de esta empresa que abrió este campamento hace unos diez años en esta localidad.
Según informa esta empresa en su página web, Campa, ocio y tiempo libre son expertos en la gestión de este tipo de actividades con más de quince años de trayectoria y con centros abiertos en distintas localidades de Madrid y Valladolid.
Por otra parte, fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades explicaron que no se trata de un caso de protección de menores sino un asunto delictivo. - Efe