La reforma y actualización de la ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social constituye una prioridad del Gobierno Vasco. La RGI es un recurso indispensable orientado a prevenir el riesgo de exclusión, paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral y facilitar la inclusión de quienes carecen de recursos personales, sociales o económicos suficientes.
Su desarrollo durante tres décadas ha supuesto una gran inversión de País, ha servido para reducir las tasas de pobreza y de ausencia de bienestar, del impacto del desempleo, ayudando a mantener la empleabilidad, y teniendo repercusión positiva en el PIB, constituyéndose en elemento coadyuvante para cohesionar a nuestra sociedad en un desarrollo equilibrado y sostenible.
De hecho, las políticas de garantía de ingresos constituyen un modelo eficaz para consolidar el derecho a la subsistencia, prevenir la pobreza crónica e incentivar el empleo a través de políticas activas.
El sistema de garantía de ingresos ha sido bueno para las familias perceptoras y para el conjunto de la sociedad vasca. Los datos avalan esta afirmación: la proporción de personas en hogares que no tienen recursos para abordar gastos extraordinarios se situaba en Euskadi, en 2016, en un 17%. El indicador se eleva al 42,1% en España, al 39,7% en la UE-28 y al 36% en la UE-15. Además, esta iniciativa se enmarca en la aplicación de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Las prestaciones del sistema vasco de garantía de ingresos son las que más directamente se centran en la población en situación de riesgo económico. Un 96,6% del sistema vasco de protección (RGI/PCV/AES) llega a ese colectivo.
Estas prestaciones son indispensables para que las personas en riesgo de exclusión social mantengan unas condiciones mínimas de vida y, además, tienen un papel central para canalizar y objetivar un modelo de sociedad cohesionada. Los requisitos para poder percibir la RGI son los mismos para toda la población. Ni más, ni menos.
Hace dos años el Parlamento Vasco iniciaba la modificación de la normativa reguladora para actualizar, optimizar y consolidar la RGI como instrumento de cohesión. El objetivo planteado era la mejora del sistema y responder a las nuevas necesidades sociales que estamos conociendo.
Un año después, en mayo de 2017, presenté ante la Comisión Parlamentaria el “Documento de bases para la mejora de la Renta de Garantía de Ingresos”, con el objetivo de obtener el máximo consenso en torno a una serie de medidas específicas planteadas para seguir avanzando en el desarrollo social de Euskadi.
El objetivo era la actualización y mejora del sistema de RGI. A este fin se planteaba una batería de medidas orientadas a corregir disfunciones, adaptar la prestación al actual contexto socioeconómico, normalizar el sistema como parte del modelo general de bienestar de Euskadi y aplicar innovaciones para mantenernos en la vanguardia de las políticas europeas de protección social.
A lo largo del último año hemos trabajado de lleno en un nuevo documento enriquecido con una veintena de comparecencias parlamentarias y han sido muchos los agentes, instituciones y colectivos del Tercer sector social que han planteado iniciativas y propuesto áreas de mejora que hemos analizado con detalle.
De forma complementaria hemos constituido un grupo en la Mesa de Diálogo Civil y tenido en cuenta los informes y propuesta de mejora elaborados por el Ararteko en relación a esta materia.
El resultado de todo este proceso participativo se refleja en la proposición de “Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social” presentada este mes de mayo por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno Vasco. Nuestro objetivo con la proposición sigue siendo el mismo: avanzar en la protección más adecuada de las personas y consolidar el modelo vasco de protección social con la RGI como pilar básico.
Esta reforma nos ha de permitir afrontar los nuevos retos sociales. Nuestra sociedad combina competitividad y solidaridad frente a un crecimiento desmesurado y no sostenible. Nuestras avanzadas políticas sociales nos sitúan a la cabeza de lo que se hace en Europa y hemos de seguir proyectando este modelo hacia el futuro. Este Gobierno ha cumplido con el compromiso de presentar una propuesta de reforma que mejora el modelo de protección social que nos ha permitido construir una sociedad solidaria y cohesionada.
Es importante destacar que las políticas de inclusión y de garantía de ingresos se han asentado claramente como una de las prioridades de la Unión. Su aplicación se desarrolla a través de medidas de acceso a unos ingresos mínimos, y mediante mecanismos orientados a generar un mercado de trabajo inclusivo.
La reforma integral de la RGI que hemos iniciado permite avanzar en los dos grandes retos que perseguimos: garantizar que las ayudas sociales lleguen a las personas que más lo necesitan para lograr su integración social y favorecer sus opciones de acceso al mercado laboral evitando la cronificación de la marginación.
El nuevo texto contempla dos tipos de prestación y diferencia a las personas no activables y al resto que, dependiendo de su nivel de empleabilidad, sería objeto del ámbito del empleo o de los servicios sociales: la Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). La RGP va a suponer una simplificación en la gestión del proceso de tramitación para pensionistas que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus necesidades básicas y sustituye a lo que, hasta ahora, era el complemento de pensiones.
La nueva RGI nos permite avanzar en esta línea dado que refuerza los estímulos al empleo; garantiza una mayor protección a las familias, menores, personas refugiadas y a quienes tienen alguna discapacidad o se encuentran afectadas por situaciones de violencia de género. Esta iniciativa aporta progresividad, simplicidad en la gestión, una comunicación más sencilla entre la Administración y las personas usuarias, así como un mejor control de las ayudas para que estas lleguen a quien más lo necesita.
Con todo ello, el Gobierno Vasco consolida un Servicio Público y un Sistema de Protección que ayudarán a que Euskadi sea un territorio cohesionado y solidario. Entendemos que conferir derechos sociales a las personas es la mejor forma de prevenir y paliar la pobreza y la exclusión social. Ahora nos corresponde conseguir un amplio consenso para esta propuesta que contribuirá a la progresiva desaparición de las desigualdades en nuestro País, para alcanzar el bien común que compartimos.
Combatir la pobreza y la marginación es una tarea común y una responsabilidad compartida de toda la sociedad vasca. Sigamos mejorando en el empeño y consigamos con esta mejora legislativa la mayor eficacia posible. La eficiencia, el enfoque moral con el que se desarrolla nuestro sistema de garantía de ingresos y la integración constituyen la base de nuestro modelo social para un País avanzado e igualitario.
