Bilbao - “Pretendemos modificar dos leyes, la de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la de Vivienda, para mejorar, dignificar y proteger la vida de los ciudadanos y para tener en Euskadi un sistema de protección social sólido”, aseguró ayer Bea Martxueta, responsable del área social de LAB, en la presentación de una campaña para recoger firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que quiere rebajar la edad para cobrar la RGI y el tiempo de empadronamiento exigido, así como aumentar la cuantía de las prestaciones. Los representantes de LAB Y ELA, Bea Martxueta y Mikel Noval, arropados por miembros de las organizaciones que conforman la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria, anunciaron ayer la puesta en marcha de la recogida de firmas y reclamaron que el Parlamento Vasco dé prioridad a la tramitación de su iniciativa legislativa frente a la proposición de Ley presentada por los grupos del PNV y el PSE y que plasma la reforma del Sistema vasco de Garantía de Ingresos que quiere aplicar el Gobierno Vasco.
Noval adelantó que mañana miércoles los grupos que apoyan la ILP contra la pobreza y la exclusión social se concentrarán delante del Parlamento Vasco para expresar su rechazo de la proposición de Ley de PNV y PSE, porque -en su opinión- “asume la propuesta del Gobierno y supone más recortes en las prestaciones y las ayudas”. “Lo que debería hacer el Parlamento Vasco -insistió el responsable de ELA- es respetar los plazos de la ILP, que a finales de abril recibió el visto bueno de la cámara para el inicio de la recogida de firmas. Posteriormente PNV y PSE presentaron su proposición, por lo que exigimos que la tramitación de nuestra iniciativa tenga prioridad sobre ella”.
La recogida de firmas se extenderá hasta el próximo 30 de agosto y aunque el número mínimo de rúbricas para que una ILP sea debatida en el Parlamento Vasco es de 10.000, las organizaciones que la impulsan no se han fijado un máximo, pues consideran que “cuantas más, mejor” y esperan superar ampliamente el mínimo. Durante los próximos meses los sindicatos y entidades sociales que apoyan la ILP se movilizarán para conseguir firmas de miles de ciudadanos en todas las localidades de la CAV, harán reuniones en centros de trabajo y organizarán actos de calle para “hacer visible la iniciativa”, apuntó Noval.
