Las esterilizaciones de niñas y mujeres con discapacidad se han visto como algo normal y eso es una consecuencia más del hecho de que a una mujer que tiene una discapacidad no se le da la condición de mujer sexuada”, indica Rosa Ugalde al comentar la denuncia de la Fundación CERMI Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) de que en el Estado español aún se siguen realizando esterilizaciones forzosas o no consentidas. Según estas entidades, en 2016 en el conjunto del Estado se resolvieron judicialmente 140 casos de este tipo de actuaciones, cinco de ellos tuvieron lugar en Euskadi, donde desde el año 2005 los tribunales han resuelto un total de 52 casos.

Rosa Ugalde, trabajadora social de Elkartu y que habla en nombre de la confederación vasca Edeka, explica que según las encuestas realizadas a un grupo de mujeres con el que han estado trabajando cuestiones como la autoestima, hasta un 20% de ellas han sido esterilizadas sin su consentimiento. “Lo que dicen estas mujeres es: ellos decidieron por mi; a mí ni siquiera me dieron la oportunidad de expresar qué quería. Y me acuerdo de una que contaba que le esterilizaron cuando era menor de edad y se enteró mucho después, lamentaba que no le dieron nunca la oportunidad de decidir, sus padres lo hicieron por ella porque pensaban que era lo que tenían que hacer y ya está”, recuerda Rosa al narrar las experiencias de estas personas esterilizadas de manera forzosa.

Justo una semana después de la presentación por el CERMI del informe sobre los casos de esterilizaciones, el Senado rechazó una moción para reconocer la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad y garantizarles el libre ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Así, la cuestión de las esterilizaciones forzosas sigue pendiente y aunque parece que se realizan menos que hace unos años, aún hay casos que no sólo suponen una merma de derechos de las mujeres con discapacidad, sino que también les veta la maternidad.

En el informe del CERMI se resalta que uno de los principales problemas sobre esta práctica es la falta de transparencia. Rosa Ugalde indica que las asociaciones vascas desconocen el número de mujeres de Euskadi sometidas a esterilizaciones y solo pueden aportar porcentajes, pero creen que la cifra puede ser superior a ese 20% aflorado en las encuestas porque hay muchas mujeres con discapacidad que permanecen recluidas en el ámbito familiar y no acceden a las asociaciones. Explica también que la mayor parte de las esterilizaciones forzosas se dan en unas circunstancias en las que los padres o familiares tienen la tutela de las niñas y mujeres y actúan así por “un sentimiento de sobreprotección mal entendido”.

En cuanto a los datos, según el Consejo General del Poder Judicial, el número total de casos judiciales sobre esterilizaciones forzosas resueltos en el Estado español en 2016 asciende a 140, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos “no se hallan desagregados por sexo”. En los diez últimos años en Euskadi se han resuelto 52 procesos judiciales sobre este tema, con un claro incremento de entrada de casos desde 2011.

Según la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, “además de la necesidad de que exista mayor transparencia estadística, hacen falta políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas”.

Pesa más el género Rosa Ugalde insiste en que la mujer con discapacidad sufre “una doble discriminación” y que muchas veces “aún pesa más la cuestión de género que la propia discapacidad”. Esto se ve con claridad cuando observamos que para los hombres con discapacidad la sexualidad no es un tabú ni un tema vetado y para las mujeres en la misma situación sí lo es. “Se entiende -dice la representante de Edeka- que la mujer con discapacidad no tiene una sexualidad, no se le da la oportunidad de vivir la sexualidad plenamente o como a ella le gustaría. Es como si se anulara esa parte de su vida como mujer. Uno de los grandes obstáculos para que las mujeres con discapacidad puedan vivir su sexualidad es su baja autoestima, la imagen tan negativa que tienen de sus cuerpos, porque la sociedad entiende que no son personas atractivas y por eso ellas no pueden pensar en ser atractivas para alguien o que alguien vaya a querer relacionarse sexualmente con ellas... lo viven así porque la sociedad lo piensa y se lo transmite”.

En las organizaciones que forman parte de Edeka hay personas con todo tipo de discapacidad y en ellas constatan a diario que la situación de las mujeres aún dista mucho de la imagen de igualdad y diversidad que se quiere presentar como habitual. “Por un lado -explica Rosa-, la sociedad transmite que las mujeres con discapacidad no cumplen los cánones físicos, que no son atractivas, eso les genera falta de seguridad y de autoestima y hace que las mujeres se encierren en sí mismas. Y por otro lado, hay mujeres que han vivido situaciones vejatorias a este nivel. Las mujeres con las que trabajamos y entrevistamos cuentan que cuando alguien abusa o las toca sin su consentimiento, muchas veces al denunciarlo se encuentran con que les dicen que tendrían que estar contentas de que las toquen. Son situaciones muy duras en las que la mujer se encuentra fatal y sabemos que casi el 70% de mujeres con discapacidad no vive la sexualidad como a ellas les gustaría vivirla y tiene mucho que ver con todo esto”.

Un tema invisible Rosa Ugalde denuncia que la sexualidad de las mujeres con discapacidad es muy a menudo “un tema invisible”, que no se quiere ver ni abordar, aunque ahora hay muchas entidades que trabajan con ellas para concienciarlas y promover su autoestima. “Muchas veces se entiende que la persona con discapacidad no siente o no tiene deseos sexuales y eso no es así, tiene las mismas necesidades y los mismos deseos”, dice. Respecto a lo que se puede hacer para cambiar las cosas, la representante de Edeka apuesta por “promover una transformación social, cambiar la mentalidad que tiene la sociedad sobre el hecho de la discapacidad para pensar que esas personas tienen los mismos derechos que tu, que son ciudadanos como los demás y que la discapacidad no te define”. Añade que “hay que empezar por intentar cambiar los clichés sobre cómo se vive y cómo se ve la discapacidad. A partir de ahí hay que promover unos programas de educación sexual que nos lleven a que no haya esterilizaciones forzosas. En mi opinión eso tendría que ser el último recurso, porque creo que todos somos capaces de aprender y de saber qué tenemos que hacer no solo para evitar un embarazo sino para tener una vida sexual sana y para saber decir no”.

Ugalde enlaza esa demanda de educación sexual dirigida a las adolescentes y jóvenes con discapacidad con el tema de los abusos. “Una de las cosas que vemos es que a las mujeres con discapacidad no se les considera mujeres con sexualidad pero, sin embargo, se las utiliza para el sexo y se las violenta en este sentido. No hay datos de cual es la realidad de los abusos sexuales hacia las mujeres con discapacidad pero está claro que si todas las mujeres estamos viviendo esto las mujeres con discapacidad aún más y esto sí que es una realidad invisible. Creo que aunque tengas un problema físico o psíquico tus padres, tus educadores te tienen que dotar de la capacidad de saber qué sí y qué no, de darte armas para que puedas defenderte y el día que decidas tener una relación sexual sea con quien tu quieras y como tu quieras. Esto me parece fundamental y parte de que se trabaje la autoestima de todas las personas. Para que podamos decir no necesitamos tener una mínima seguridad en nosotros mismos y pienso que estamos en un modelo de sociedad en el que muchas veces no tienes esa seguridad”, concluye Rosa Ugalde.