vitoria - El pacto educativo puede estar más cerca. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, presentó ayer a los agentes más representativos del sector el documento Bases para el Acuerdo por la Educación en Euskadi. Elaborado por cuarenta especialistas de distintas sensibilidades, el texto recoge los principios básicos de la escuela vasca del futuro y sentará las bases de la Ley Vasca de Educación. El documento -de 48 folios- reflexiona sobre cuatro ámbitos: la convivencia, las lenguas, la evaluación, la modernización de la educación y la autonomía de los centros. Y dibuja un sistema “propio”, plurilingüe con el euskera como eje central que garantice una escolarización “más inclusiva y equilibrada”.

El tratamiento de las lenguas y la atención de la diversidad son dos de las patas del texto. Pero también esboza un sistema integrado por colegios mucho más autónomos, volcado en la evaluación permanente de todos sus miembros -direcciones, profesorado, centros y estudiantes-. El futuro paradigma educativo se completa con un plan de digitalización acorde con los nuevos tiempos y una actualización efectiva de las metodologías docentes.

En términos generales, el documento no propone cambios traumáticos ni aportaciones sobre las que no existiera un acuerdo previo dentro de la propia comunidad educativa. En esta fase del proceso se ha evitado abordar dos cuestiones trascendentales en la futura ley como son la definición del servicio público ligado a un nuevo modelo de financiación y la dependencia de la legislación estatal. Fuentes consultadas no dudan que la exclusión de estas dos espinosas cuestiones ha sido deliberada porque el objetivo del Gobierno Vasco es conseguir una “foto de unidad” y establecer “unos principios compartidos” que proporcionen estabilidad con independencia de si esta legislatura se logra aprobar la ley.

Se fijan los niveles a lograr en euskera e inglés

El cualquier caso, el documento sí realiza varias aportaciones relevantes. La más significativa es que después de más de una década posponiendo la decisión, el documento establece el nivel de competencia lingüística a alcanzar en las distintas etapas. De prosperar la propuesta se pondría fin a la controvertida indefinición de esta cuestión. Si hasta ahora el alumnado debía acreditar un “conocimiento suficiente” de ambas lenguas oficiales al final de la enseñanza obligatoria, la nueva ley concretaría ese nivel en función del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Así al final de Primaria el alumnado alcanzará un nivel B1 en euskera y castellano y un B2 al final de la ESO. El nivel de inglés será algo menor, un A2 en Primaria y un B1 en ESO.

Para lograr estos objetivos, el documento propone varias medidas encaminadas a mejorar la competencia del profesorado en los idiomas que conforman el currículo. El Departamento facilitará que el cuerpo docente logre el nivel C1+ para que desarrolle un dominio óptimo del euskera, sobre todo a nivel oral. No en vano el texto señala que “es de sobra conocido que gran parte del personal docente no se siente cómodo con su dominio del euskera, sobre todo en aquellos casos en los que carecen de ocasiones suficientes para emplear la lengua vasca fuera del entorno laboral”. Por otro lado, se endurecerán los requisitos lingüísticos para el profesorado que imparte sus clases en inglés. Ahora el nivel para ser profesor de inglés es el B2, equivalente al First. Solo un 14 % del profesorado tiene B2, y un 8,1 % de la red pública y un 5,4 % de la concertada tiene C1 o C2. A medio plazo, el documento propone exigir un C1, como el Advanced o el EGA en euskera.

Un acuerdo de corresponsabilidad

En el capítulo de la autonomía, Educación plantea que las escuelas públicas y la administración firmen un “acuerdo de corresponsabilidad”, en el que se recojan los compromisos adquiridos por los centros para cumplir sus objetivos de mejora y los del Gobierno Vasco para definir los medios de apoyo para que puedan conseguir los resultados previstos. Serán voluntarios y estarán dirigidos de manera especial a los colegios que atienden a la población escolar más desfavorecida. También podrán suscribirlos los centros concertados que por la “singularidad” de su proyecto sean de “interés social” para el Departamento.

El documento también dedica un apartado a la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, como lo es el de origen extranjero, y plantea el diseño de un Índice de Necesidades Educativas que permita identificar y detectar mejor las necesidades singulares de cada centro para darles respuestas “más flexibles y adaptadas”. Con ello, los centros con un elevado porcentaje de alumnado con estas características podrán contar con apoyos adicionales como la puesta en marcha de “proyectos imán” para atraer a estudiantes de distinto perfil y con profesorado de alta preparación. De cara a lograr una escolarización más “equilibrada e inclusiva” recoge la posibilidad de crear oficinas de escolarización territorial para tramitar las solicitudes de matriculación.

Además, cuando se perciban “grandes desequilibrios” en la acogida al alumnado proveniente de familias con menor nivel social, cultural y económico por parte de centros situados en zonas próximas, el documento pone sobre la mesa la necesidad de articular medidas “de ajuste, compensación o regulación” para revertir esta situación. Educación también apuesta por reforzar el liderazgo de los equipos directivos y por mejorar la formación de los docentes, para lo que se propone “adecuar” el modelo actual para el acceso a la función docente en la red pública.

Se abre a la sociedad una fase de aportaciones

Durante su intervención la consejera Uriarte señaló que los cambios que se están dando en la enseñanza y en la sociedad “exigen una reflexión y adecuación por parte de las diferentes visiones que conformamos la comunidad educativa vasca. La necesidad de un nuevo Acuerdo por la Educación que responda a un propósito común. El diálogo, la reflexión compartida, el acuerdo? son las bases sobre las que hemos construido nuestro sistema educativo y sobre el que tenemos que pivotar el cambio. Estamos ante un reto colectivo, un reto de país”.

El Ejecutivo ha abierto el documento para recoger las aportaciones del sector y las del resto de la sociedad a través de Irekia. Una vez analizadas, el documento resultante será remitido al Consejo Escolar de Euskadi que emitirá su informe. Por último, Educación elevará el texto final al Consejo de Gobierno y el Ejecutivo vasco remitirá al Parlamento Vasco el documento definitivo que recoge el pacto por la educación para su análisis y posterior debate por parte de los grupos parlamentarios.

Un profesorado empoderado y prestigiado para responder a un alumnado con nuevas necesidades y nuevas formas de aprender.

La transformación metodológica y el desarrollo de nuevos contextos de aprendizaje, base para responder al cambio de paradigma educativo.

Las nuevas tecnologías para aprender mejor y desarrollar una ciudadanía competente para una sociedad cohesionada e interconectada basada en el conocimiento.

La adecuación de las estructuras y la organización del sistema al nuevo paradigma de la educación.

La convivencia, el eje vertebrador de una escuela diversa para una sociedad cohesionada.

Modelos de intervención integrales y flexibles que garanticen oportunidades educativas de calidad para un alumnado diverso y centros educativos con singularidades propias.

Mecanismos de garantía en el acceso y la admisión del alumnado, para una escolarización más inclusiva y equilibrada favorecedora de una mayor convivencia y cohesión social.

La corresponsabilidad de las familias y agentes educativos, fundamental para favorecer la convivencia.

Marco propio para un sistema plurilingüe con el euskera como eje central.

El Proyecto Lingüístico del centro educativo y el enfoque metodológico, fundamentales para impulsar un sistema plurilingüe que tenga como eje el euskera.

La formación del profesorado, imprescindible para profundizar en prácticas innovadoras de enseñanza de las lenguas.

La responsabilidad compartida de la sociedad como base para consolidar el plurilingüismo.

Un marco propio de evaluación para la mejora continua de nuestro sistema educativo.

La evaluación por competencias del alumnado orientada a promover mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el máximo desarrollo educativo de cada alumna y alumno.

La evaluación de la función directiva y de la función docente orientada a la mejora del desempeño profesional.

La evaluación de los centros y del sistema para avanzar en un sistema más autónomo, eficiente y eficaz.

Una mayor autonomía de centros para el mejor desarrollo de sus proyectos educativos.

El proyecto de centro y los acuerdos de corresponsabilidad como instrumentos fundamentales para avanzar en la autonomía.

El liderazgo escolar y la cultura de corresponsabilidad, pilares esenciales para el desarrollo de la autonomía.

La implicación de la comunidad educativa con el Proyecto de Centro como garantía de un buen desarrollo de la autonomía.