Bilbao - Los clubes de cannabis quieren vencer al Tribunal Constitucional en Estrasburgo. Por eso, la plataforma Regulación Responsable, que aglutina a diversas asociaciones para promover un cambio legislativo sobre el cannabis, lamentó ayer la “inseguridad jurídica que sufren los consumidores” y anunció que llevarán su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se trataría, según explicó el portavoz de esta asociación, Bernardo Soriano, del primer recurso a nivel europeo que se plantea sobre la regulación y el reconocimiento del cannabis. Pretenden que suponga una “medida de presión” para modificar las políticas sobre la marihuana en el Estado español donde se contabilizan un millar de clubes de este tipo. En concreto, en Euskadi están registrados 167 clubes sociales de cannabis aunque están operativos unos setenta.

Es el último paso que dará esta plataforma para que el tribunal europeo se pronuncie sobre la viabilidad y los requisitos que deben cumplir los clubes de cannabis, después de que el pasado jueves el Tribunal Constitucional no interpretase esta cuestión en una sentencia de amparo a cinco miembros de un club bilbaíno. En la resolución, el TC amparó a estos cinco miembros de la asociación Ebers, condenados por el Supremo, pero no se pronunció sobre la situación de estos clubes, lo que para Soriano “ahonda más en la inseguridad jurídica” y en el desconocimiento de los requisitos que deben cumplir los clubes para operar legalmente.

Aitor Brión, presidente de Eusfac, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi, integrado en la plataforma, ratifica que “hay que llevar el recurso hasta donde se pueda”. Asimismo aseguró no compartir la decisión del Tribunal Constitucional “que es una mayoría conservadora que ha tomado una decisión muy alejada de lo que es la realidad del consumo de cannabis y ha optado por una línea restrictiva que no reduce la inseguridd jurídica, y no respeta a los parlamentos territoriales. Además no da cobertura a los consumidores y elude el concepto de salud pública porque sigue existiendo una capa de usuarios que no tienen respuesta”, aseguró Brión.

“Estamos viendo que el Constitucional da la razón al Supremo y dice que hay que cambiar el Código Penal desde la Cámara legislativa con suficiente consenso, pero aunque hubiese acuerdo para promover una reforma del Código Penal lo volverían a recurrir”, precisó.

Por su parte, Bernardo Soriano aseguró que “lo que nos interesaba era el fondo de cómo el Estado se puede interponer por encima de la libertad y la libre elección de sus ciudadanos”, manifestó, lamentado que se haya desaprovechado la oportunidad de establecer un criterio claro sobre esta cuestión.

Aparte de la sentencia sobre la asociación Ebers, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente acerca de dos recursos de otras dos asociaciones de cannabis, Three Monkeys y Pannagh, que Soriano supone que seguirán la misma línea argumental que la de la sentencia de Ebers.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional anuló el pasado jueves la Ley Foral navarra que regula los clubes de cannabis al considerar que se trata de una materia que tiene incidencia en el ámbito penal y que por tanto su regulación autonómica invade las competencias que el Estado tiene sobre esta cuestión.

Esta nueva doctrina aborta el intento de regulación por parte de las autonomías, y vuelve a dejar a los clubes en una nebulosa jurídica.