Ninguna entidad bancaria habría podido soportar las imágenes que pudieron verse ayer a primera hora de la mañana en el barrio donostiarra de Amara. El litigio en este caso ha sido con un prestamista. Patxi Zubiaurre, de 84 años, ya había dicho el día anterior que se sentía “derrotado”. Ayer salió del portal de su casa por última vez, inmovilizado en una camilla y con una herida sangrante en la cabeza. El hombre, consciente, balbuceaba algunas palabras antes de que una ambulancia le trasladara al Hospital Universitario Donostia.
Según él mismo relató, sufrió una caída en su vivienda golpeándose contra una mesa de cristal. Ocurrió de madrugada, pocas horas antes de que llegara la comitiva judicial. No había conseguido desprenderse de tanta preocupación. El martes recibió la visita de un funcionario del juzgado que le hizo entrega del documento, un papel que certificaba el punto final a tres años de lucha contra un prestamista, al que la justicia le ha dado la razón. El desahucio tuvo lugar ayer por la mañana.
Cuatro agentes de la Ertzaintza custodiaban desde las 9.00 horas la entrada al portal número 2 de la calle Balleneros, donde el anciano ha residido durante las últimas cuatro décadas. El lanzamiento era inminente. “No quiero nada. Ya me arreglo”, dejó dicho el día anterior a la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, preocupada por el estado de salud que atraviesa el hombre y el desenlace de las horas previas a la ejecución. Los abogados han recurrido hasta última hora. Por expreso deseo de este profesor jubilado, se desconvocó la concentración de protesta prevista en el portal de su vivienda, proceder habitual de la asociación.
El hombre no quería volver a salir a la palestra. “Estaba harto, cansado”, comenta su entorno más cercano. Este donostiarra, delicado de salud, saltó a los medios de comunicación a comienzos de año. Se supo entonces que no había podido hacer frente a las “cláusulas abusivas” que firmó al contratar un préstamo hipotecario con Abacrédit SL.
Lo solicitó en noviembre de 2013. Firmó entonces un crédito hipotecario sobre su vivienda de 104.000 euros, que le fue concedido por este prestamista y que debía devolver en mayo de 2014 a un interés ordinario del 19,5%. Ante la imposibilidad de hacer frente al préstamo, perdió la casa, que fue adjudicada al acreedor por 125.000 euros, el 50% de su valor de tasación (250.000 euros).
Si la ejecución se había podido demorar hasta ahora es porque el juez entendió que la situación de Zubiaurre era complicada, por lo que se fijó una moratoria de dos años. La clave del caso está en entender la relación que se ha establecido entre el particular y el acreedor. El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Donostia reconoció que el prestamista actuaba como una entidad profesional. Ante este tipo de casos, la ley Hipotecaria ofrece garantías al particular reconociendo la posibilidad de recurrir posibles cláusulas abusivas.
Pero Abacrédit recurrió la moratoria y la Audiencia Provincial le ha dado la razón sentenciando que, a pesar de la alarma social, se trata de una relación “de consumidor a consumidor” de modo que, a pesar de que hayan podido existir cláusulas abusivas, no se puede oponer a un acuerdo entre particulares que el mismo afectado aceptó.
La noticia de la ejecución le llegó el martes de la manera más inesperada. La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa ha tratado por todos los medios de aplazar la ejecución, planteando un recurso por las circunstancias especiales que, según entiende, concurren, al tratarse de “una persona de avanzada edad y en una época del año de bajas temperaturas”. La plataforma ha trabajado mano a mano con el Ayuntamiento de Donostia que, consciente de que el caso no tenía más recorrido legal, ha ofrecido a este vecino de Amara una alternativa habitacional en Zorroaga.
“Posiblemente, va a estar mejor atendido, pero el problema es que el recurso habitacional es temporal y ahora todo se ha precipitado sin llegar a ofrecerle una salida definitiva”, lamentaba Josean Sánchez, portavoz de la plataforma.
Zubiaurre se sentía derrotado, y su entorno muy preocupado por lo que podía ocurrirle durante la velada, puesto que la orden de ejecución la recibió de un día para otro. Ayer, de hecho, saltó la alarma cuando la comitiva judicial acudió a la vivienda, acompañada por un miembro de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia y agentes de la Ertzaintza.
Cuando llamaron al timbre, en el primer piso del número 2 de la calle Balleneros, nadie respondió. Tuvo que intervenir un cerrajero, que dio paso a los agentes. Fue entonces cuando la Ertzaintza encontró al octogenario tendido en el suelo, con una herida en la cabeza que, según manifestó, se produjo accidentalmente tras golpearse contra una mesa de cristal que quedó hecha añicos. El percance, según relató, le ocurrió en torno a las 3 de la mañana. La comitiva no entró hasta las 9.30 horas, por lo que el hombre estuvo en su domicilio más de seis horas herido.
Mientras los agentes desplazados tenían en esos momentos conocimiento directo de lo ocurrido, en el exterior, frente al portal, se podían ver las caras de preocupación de dos miembros de la plataforma Stop Desahucios. “No sabemos lo que está ocurriendo ahí dentro. No sería de extrañar que esté atrincherado o pudiera haber hecho algo aún más grave. El miedo que tenemos es que se haya suicidado”.
Minutos después salía del portal un sanitario. “Supuestamente está bien, pero le tenemos que llevar al hospital por si acaso. Al parecer, se ha caído”. Todos comenzaron a respirar más tranquilos. En torno a las 10.30 horas trasladaron en camilla al vecino, que mostraba una herida en la cabeza. “¡Ánimo Patxi!, le dijo un miembro de la plataforma. El hombre, consciente y cubierto con una manta roja, le facilitaba el número del móvil de su hija para que supiera lo ocurrido.
La mujer de la limpieza, que conoce a Zubiaurre desde hace una década, se lamentaba de su suerte. También lo hacían los integrantes de la plataforma, críticos con los “prestamistas usureros que te ofrecen dinero a sabiendas de que no vas a poder devolver”. “Utilizan testaferros, hombres de paja, toda suerte de artimañas para hacer ver que no desarrollan una actividad profesional y que son un consumidor más”, denunciaron. “Estos prestamistas están en un limbo legal. Hacen lo que les da la gana. De hecho, el dinero del préstamo que pidió Patxi se lo dieron en una bolsa de plástico”. Según denunció la plataforma, el acreedor se había negado a aceptar la propuesta del afectado de seguir en su vivienda pagando un alquiler social de 200 euros mensuales, el equivalente a un 30% de los 719 euros que percibe al mes por viudedad. Pese a que esta solicitud se realizó con la intermediación de la alcaldía de Donostia, la sociedad prestamista la rechazó y planteó “endurecer” el precio del alquiler, fijando una cuantía “inasumible” de 400 euros mensuales, además de exigir un aval bancario.
