Las mujeres que sufren acoso sexual en su trabajo soportan una doble victimización: no existe unanimidad a la hora de considerarlas víctimas de la violencia de género, de ahí que no haya una visualización real del problema. Como resultado de todo ello, no se destinan los recursos suficientes para su atención.
Nunca ha sido fácil dar un paso adelante en este terreno, y menos aún lo era antes de la aprobación de la ley de 2007, puesto que hasta entonces una de las mayores dificultades para que los tribunales considerasen que este tipo de conductas era acoso sexual radicaba precisamente en el carácter libidinoso, llegándose a exigir, en algunos casos, la petición expresa de relaciones sexuales.
Todos los expertos consultados insisten en que es muy difícil cuantificar estas manifestaciones de violencia de género en el trabajo. Los posibles litigios apenas sirven para realizar una aproximación.
Uno de los principales problemas de la denuncia judicial es, precisamente, el referente a la prueba de su existencia. Las situaciones de hostigamiento sexual, normalmente, se suelen llevar a cabo en un marco de clandestinidad o, al menos, no se acompañan de publicidad. En muchos de los casos no existen testigos o, si los hay, no se les compromete por miedo a que el empresario pueda tomar represalias,
Salvo que el acoso vaya acompañado de actos violentos de cierta entidad, por lo general no existen evidencias físicas, por lo que solo queda constancia del testimonio de la propia mujer. “Todo ello dificulta enormemente la posibilidad de aportar indicios”, aseguran.
cambiar de trabajo Según un estudio de investigación realizado por la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, cuatro de cada diez mujeres que ponen en conocimiento de su entorno laboral su situación han recibido el consejo de que cambien de empleo. “Late de fondo una cultura ciudadana y cotidiana en la que aún persisten planteamientos que refuerzan la idea de que el acoso sexista es un problema de la propia mujer y no un problema social”, concluye el estudio.
Ni siquiera la salida voluntaria de la empresa beneficia a la trabajadora. El abandono de la relación laboral por parte de la mujer la sitúa en una situación de precariedad económica que, si no tiene apoyo familiar o social, puede hacer que tenga que soportar el hostigamiento sexual en la empresa para no perder su salario o, en el mejor de los casos, esperar a que sea despedida. Siendo el acoso sexual un supuesto de violencia de género, debería considerarse como una situación de gravedad y excepcionalidad suficiente digna de protección económica en el ámbito laboral.
El problema, según apunta Olga Fotinopoulou Basurko, profesora del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UPV/EHU, es que “no todas las empresas tienen capacidad para evaluar, ni una representación de trabajadores con los que discutir. Por tanto, son situaciones difíciles de afrontar en según qué empresas, tanto desde el punto de vista preventivo como sancionatorio”.
La experta entiende que, al margen de que las empresas elaboren o no un protocolo orientado a sancionar al acosador o acosadores, “deben tener unas obligaciones preventivas con carácter general. Incluso en aquellos casos en los que no exista ningún protocolo firmado”, sostiene.
