Bilbao - Aitor Allende confirma que cada año tienen que atender más casos de pobreza energética y que con la llegada del frío aumentan las solicitudes de ayuda. El coordinador general de Cruz Roja de Euskadi, que tiene una visión global de la evolución del convenio suscrito con el Gobierno Vasco para paliar este tipo de pobreza, explica que su entidad no se limita a dar dinero a quien no puede pagar el recibo de la luz.

¿Está aumentando la pobreza energética por la subida de precios de electricidad y gas?

-El coste que tienen que afrontar las familias evidentemente ha aumentado con la subida de los precios, por eso a las familias con las que estamos interviniendo también les damos unos talleres de ahorro doméstico con la idea de que puedan gestionar mejor las facturas energéticas. Estamos intentando que se puedan reducir los consumos en las viviendas de estas familias.

¿Estas situaciones de necesidad podrían reducirse con más información?

-Nosotros no somos meros tramitadores de un pago económico. La intervención con las familias que se acercan para que les ayudemos en una situación de impago de facturas es una parte de un proyecto más amplio que incluye acudir a sesiones informativas o talleres, trasladarles toda la información sobre los servicios y ayudas que existen y la búsqueda de soluciones para la situación global, con formación para la empleabilidad, por ejemplo.

¿Las familias acuden a Cruz Roja cuando ya han sufrido cortes de suministro?

-Hemos llegado a acuerdos con las empresas energéticas para evitar los cortes de luz. Cuando empezamos con estas intervenciones específicas sí es verdad que llegaban familias de todos los tipos y características que se encontraban con problemas por facturas muy elevadas. Pero ahora nos llegan esas familias a las que la crisis económica pilló de lleno y que en estos momentos, aunque se dice que la coyuntura está cambiando a mejor, su situación sigue siendo mala. El trabajo que tiene que hacerse con ellas va más allá de las facturas de luz y gas.

¿Cuál es el perfil de las personas que piden estas ayudas?

-La mayoría son mujeres, casi el 70%. Pero creemos que este dato obedece a que son ellas las que dan la cara para conseguir la ayuda, aunque en el hogar también hay hombres e hijos. No se trata de familias monoparentales femeninas, es que son ellas las que se encargan de esta parte de la tramitación. Una vez que intervenimos el trabajo de formación e información lo hacemos tanto con ellas como con los hombres o los demás miembros de la familia.

¿La partida económica de 400.000 euros es suficiente para atender todos los casos?

-Estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea suficiente. Creo que trabajando coordinadamente con las instituciones, los ayuntamientos y las diputaciones estamos siendo capaces de dar respuesta a las personas que no están dentro del sistema de garantía de ingresos o que están en el proceso de tramitación. Estas ayudas normalmente va a esas personas, mientras que aquellas que cobran la RGI, salvo algunas excepciones, no las reciben.

Las personas que han pasado por los talleres para gestionar mejor sus consumos energéticos ¿han notado un ahorro?

-Todas las familias con las que estamos trabajando han reducido los consumos. Aprenden que, sobre todo, se trata de cambiar los hábitos porque hay personas que encienden la calefacción tan poco o de una manera que en realidad no calienta. También aprenden a manejar los electrodomésticos, a elegir bombillas de bajo consumo... Y en algunos casos prestamos otro tipo de ayudas para mejorar las condiciones de las viviendas, poner ajustes en las ventanas para que no se pierda el calor o el frío, ese tipo de cosas.

¿Echa de menos más colaboración de las empresas?

-Con la nueva ley las empresas van a tener que facilitar el bono social e implicarse más porque hasta ahora se habían comprometido a evitar los cortes y a dar formación, pero no había aportación económica. Me gustaría que las empresas cambiaran su concepto de negocio.