GASTEIZ. La consejera ha presentado estos datos durante la III Jornada sobre Exclusión Residencial en Euskadi que se celebra en Gasteiz, donde ha hecho público los resultados del último recuento de personas que duermen en las calles realizado en la noche del 26 al 27 de octubre de 2016.
Esa noche se contabilizaron 274 personas pernoctando en las calles, frente a las 323 que se detectaron en el recuento anterior realizado en 2014.
Solo en las tres capitales vascas se localizaron en 2014 247 personas durmiendo en las calles, mientras que en 2016 eran 190.
El último recuento de 2016 se llevó a cabo en 24 municipios vascos que abarcan al 65 % de la población.
Artolazabal ha expresado su preocupación por estos datos y ha asegurado en su intervención que la inclusión social de las personas excluidas "es una prioridad" para las instituciones vascas.
Ha explicado que el trabajo que se realiza en Euskadi en este campo es de los más desarrollados de Europa "gracias a las experiencias piloto que realizan el conjunto de las instituciones".
Según ha expuesto la consejera, los datos más relevantes obtenidos indican que el 30 % de las personas que pernoctan en la calle tiene menos de 30 años y casi nueve de cada diez de las encuestadas están empadronadas.
El 58 % no tiene estudios o solo tiene primarios y la mitad se declara activa desde el punto de vista del empleo pero únicamente un 8 % dispone de un trabajo regular.
Además, el 54 % de las personas encuestadas percibe una prestación económica o ayuda pública.
Casi un 22 % percibe la Renta de Garantía de Ingresos y entre quienes no la reciben el 41 % dice que no la ha solicitado.
La encuesta revela que tres de cada diez de estas personas llevan menos de un año sin hogar y el 28 % más de 5 años.
Artolazabal ha señalado que el 61 % de quienes han dormido alguna vez en la calle han sido víctimas de algún delito, con una prevalencia de la victimización especialmente entre las mujeres.
El 28 % de las personas en situación de exclusión residencial grave pasan la mayor parte del día solas; el 12 % considera que tiene un estado de salud malo; el 43 % señala que tiene una enfermedad grave o crónica y el 26 % de los extranjeros carece de tarjeta sanitaria.
La consejera ha recordado que Euskadi dispone de "un potente" sistema público de garantía de ingresos y para la inclusión social que asegura un mínimo de ingresos económicos a todas las personas y también de un sistema de servicios sociales que proporciona atención y acompañamiento a las personas con limitaciones en su autonomía o dificultades de integración familiar o comunitaria.
Además, ha añadido, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales se coordina con el de Vivienda "para articular una política social basada en los derechos de la ciudadanía".
Con el objetivo de limitar al máximo este problema, Artolazabal ha recordado que su Departamento, en colaboración con el de Vivienda, las diputaciones, Eudel, varios ayuntamientos y el Tercer Sector Social han aprobado la Estrategia de prevención y abordaje de la exclusión residencial grave.
En estas jornadas participan expertos en la materia de Portugal, Flandes (Bélgica), Gales (Reino Unido) y de comunidades como Euskadi, Navarra, Asturias y Cataluña.