Una plataforma ciudadana registra una ILP para hacer frente a la "segregación educativa"

Según han explicado, se trata de "una realidad por la que el alumnado con mayores necesidades educativas se queda concentrado, segregado en determinados centros educativos". "Es un fenómeno preocupante que supone una reproducción de la desigualdad social más extrema", han denunciado.

Tras afirmar que este "fenómeno" ya ha sido denunciado por organismos como el Consejo Escolar de Euskadi o el Ararteko, han señalado que la proposición de ley está "inspirada" en lo recogido en los informes de estas dos instituciones.

El texto legal consta de nueve artículos y cuatro disposiciones finales. Entre las medidas que se incluyen, los portavoces de la plataforma han destacado la que hace referencia a la gratuidad de la educación, para que no sea una realidad "meramente declarativa", sino que haya mecanismos para "hacerla efectiva y hacer frente al fenómeno de las cuotas ilegales".

Para ello, se proponen varios artículos con "mecanismos de transparencia y de control de autorización de pagos que la ley prevé, y erradicación de los pagos que se están tolerando, a pesar de no estar amparados en la normativa actual".

NECESIDAD ESCOLAR DE INCLUSION

Respecto a la atención a la diversidad del alumnado, la ILP plantea fijar un índice de necesidad escolar de inclusión de cada zona y centro, con el objetivo de que todo centro educativo financiado con fondos públicos se atenga a unas mínimas reglas que puede ser la atención a un mínimo de alumnado con necesidades especiales educativas o alumnado inmigrante, alumnado becado, entre otros. "La ley plantea que haya una exigencia para todos los centros que reciben fondos públicos", ha indicado.

El texto plantea que los centros educativos que, "valiéndose de centros públicos están atendiendo a poblaciones de alto nivel socioeconómico o de élite y no atiendan el mínimo de atención a la inclusión, no podrán contar con ayudas públicas". "En el caso de los concertados que estén en el extremo, atendiendo solo a determinadas clases sociales altas, creemos que no deben estar financiados con fondos salidos del bolsillo de todas las personas", ha insistido.

10.000 FIRMAS NECESARIAS

Tras el registro en la Cámara vasca, la propuesta debe ser analizada por la Mesa del Parlamento, y para que continúe con su tramitación debe admitirla a trámite antes de un mes y dar aviso a la Junta Electoral, que será la que indique desde qué fecha puede empezar la plataforma a recoger las 10.000 firmas necesarias para que sea debatida en el Parlamento Vasco.

La ley establece un plazo de cuatro meses para recoger estas firmas, que la plataforma quiere recabar por los "medios tradicionales", pero también mediante una página web que próximamente darán a conocer.

Los promotores han explicado que, antes de registrar la ILP, han "contrastado" el texto con partidos, sindicatos, agentes del mundo de la enseñanza y el apoyo encontrado les resulta "estimulante" aunque han reconocido que queda "mucho trabajo por hacer". "Tenemos expectativas altas para poder llevar a buen término esta iniciativa", ha insistido antes de señalar que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE-EE "han visto con buenos ojos" su iniciativa.