Bilbao - Abogados, juristas, psicólogos y trabajadores sociales hablan de corresponsabilidad parental o parentalidad positiva para referirse a la custodia compartida, una figura jurídica que va ganando enteros en la Comunidad Autónoma Vasca. Los últimos datos indican que el año pasado fue concedida en el 34% de las separaciones y divorcios -con hijos menores de por medio- registrados -8 puntos más que en 2015-, concretaba Justo Sáenz, presidente de Kidetza, la Federación vasca para el apoyo integral en las crisis familiares.

Lo hacía ayer, en el transcurso de una jornada técnica en la que tomaron parte un centenar de especialistas, y que también sirvió para dejar patente el interés del Gobierno Vasco por capacitar con nuevas competencias a los equipos psicosociales que actúan en casos de separaciones. Estas brigadas de intervención ya están reconocidas y reguladas en cierto modo en la CAV, pero la intención es mejorar sus prestaciones. No en vano, los informes elaborados por los profesionales de esos equipos “son importantes” a la hora de facilitar al juez información sobre la familia -y el menor- que le ayudará a tomar decisiones. Por eso, como decía Sáenz, “los equipos psicosociales deben regularse, ampliarse y especializarse”.

Otra de las conclusiones compartidas por los expertos asistentes a este foro es que el aumento de las concesiones de custodias compartidas ha corrido en paralelo al descenso en la litigiosidad. En 2013, por ejemplo, había una contenciosidad en separaciones y divorcios en torno al 36-37% y las custodias compartidas eran el 17,4%. En 2014 estas últimas subieron ya a un 23,2% y la contenciosidad bajó al 19,3%, detallaba Sáenz. Y en el curso de 2015, las custodias compartidas representaron el 25,9% y la contenciosidad se quedó en el 18,8%.

El presidente de Kidetza recordó que “en contra de lo que dicen algunos colectivos”, los jueces “no imponen” la figura de la custodia compartida. La legislación vasca establece que debe pedirla uno o ambos progenitores y el juez, “a la vista de un proyecto detallado parental que presentan los dos padres, inclusive el que se pueda oponer a ella, determina en función de criterios objetivos si la custodia compartida es viable o perjudicial para el menor”, ilustraba.

Insistía Sáenz en que la custodia compartida “no es dividir al menor, sino implicarse ambos progenitores” en el cuidado y la educación de los hijos. “Los padres se divorcian, pero los hijos siguen teniendo padre y madre, y ambos tienen que tener sus responsabilidades al igual que antes de divorciarse o separarse”, indicaba. “Estos padres también necesitan a veces ayuda profesional, porque a nadie le dan el carné de mal padre o mala madre, y máxime en los momentos de separación o divorcio, para saber cómo comportarse entre ellos y con sus hijos”.

En este sentido, el presidente de Kidetza opinaba que “es totalmente necesario” que las instituciones apoyen los programas de corresponsabilidad parental y creen la figura del coordinador parental. Porque, tal y como expresaba, los menores involucrados en una situación de divorcio o ruptura “están en situación de riesgo de manipulación e inclusive de maltrato psicológico o físico”.

A ello habría que sumar que, en muchas ocasiones, los progenitores son incapaces de poder afrontar estas rupturas sin ayuda profesional por lo que, a su entender, sería recomendable “ayuda profesional para elaborar y gestionar sus planes parentales”. El objetivo de un programa de corresponsabilidad parental sería echar una mano a los adultos para que “aprendan a respetarse y a dialogar y a saber qué mensajes transmitir a sus hijos después de este conflicto”.

En palabras de Sáenz, la custodia compartida ha dado protagonismo a esa corresponsabilidad parental y, a veces, los progenitores necesitan ayuda profesional “para saber elaborar el plan parental, cómo gestionarlo, y en el caso de que haya problemas de incumplimientos, cómo ponerlo en marcha de nuevo sin necesidad de los juzgados”, zanjó.

En el transcurso de este foro se subrayó la “necesidad de mantener y reforzar los programas de prevención en el ámbito de las relaciones familiares para disminuir ese rebrote importante de contenciosidad en las relaciones familiares, como pone de manifiesto en informe de la Fiscalía” que también califica de “preocupante” el aumento de la violencia filioparental, sobre todo en familias monoparentales. También se abogó por ofrecer un apoyo específico a los abuelos que sufren las consecuencias de conflictos familiares y a los que se impide ver a sus nietos.