granada - Los hijos de Juana Rivas ya están con su padre, las causas judiciales abiertas contra ella mientras ha estado huida negándose a entregar a los niños siguen su curso y diversas organizaciones se han movilizado para denunciar el proceso seguido contra esta mujer y la aplicación de unas leyes que consideran injustas. Este es el resumen de la jornada de ayer, un día en el que tras permanecer casi un mes escondida y desobedecer varias órdenes judiciales Juana acató finalmente la orden judicial que la obligaba a entregar a sus hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri.
Juana Rivas y su expareja estaban citados a las 17.00 horas de ayer en el punto de encuentro familiar de la Junta para que la madre restituyera a los menores con el padre, aunque ella se adelantó a la citación judicial y los llevó horas antes a dependencias de la Guardia Civil. Esa citación fue dictada el pasado jueves por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, encargado de la vía penal de la causa y que investiga a Rivas por los delitos de sustracción de menores y desobediencia a la Justicia.
Algo más de una hora y media después de que Juana llegara con los niños, de once y tres años, a la comandancia, su expareja se desplazó hasta las dependencias de la Guardia Civil en Granada, donde se reencontró con sus hijos, con los que abandonado la comandancia en torno a las 15.00 horas.
Ninguna de las partes implicadas hizo declaraciones a las puertas de la comandancia, hasta donde habían acudido los medios de comunicación, aunque posteriormente el abogado de Francesco Arcuri, Adolfo Alonso, aseguró que los niños se encuentran “bien” y están “tranquilos con su padre”. El letrado apuntó que el intercambio de los menores entre los progenitores se había desarrollado de acuerdo a lo previsto y subrayó la labor de la Guardia Civil, que facilitó que los niños se fueran con el padre sin haberse visto sometidos a la presión mediática.
El abogado de Arcuri, cuyo cliente da así por terminado el proceso para recuperar a sus hijos, detalló que al principio, los niños, y especialmente el mayor de los hermanos, estaban algo inquietos, pero que se habían ido calmando. Explicó que el reencuentro de los menores con el padre había sido “normal” y que habían vuelto al nivel que existía antes de que Juana Rivas viajara desde Italia a España con los niños en 2016. El letrado especificó además que los niños estarán supervisados y tutelados por el sistema italiano de protección de la infancia, que velará por su bienestar, y que cuentan con la protección de las autoridades judiciales italianas.
El juzgado de Granada que lleva la causa penal contra Rivas mantiene “en vigor” los señalamientos fijados para que declaren como investigados la asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Maracena, Francisca Granados, la psicóloga del mismo centro, Teresa Sanz y familiares de Rivas.
Precisamente la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas ha iniciado una petición en la página web Change.org, que ayer tarde sumaba ya más de 4.500 firmas, para mostrar su solidaridad con las trabajadoras del centro de la mujer que han sido citadas como investigadas en la causa penal y pedir que se deje de “criminalizarlas”.
Algunas de estas organizaciones también manifestaron su sorpresa ante la decisión de Juana Rivas de entregar a sus hijos. “No lo esperábamos”, admitió la presidenta del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, Lourdes Hernández, que, junto con representantes de la Plataforma 7N contra las violencias Machistas, la Plataforma 25 de Noviembre contra la Violencia de Género de Granada y la Red de organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, presentaron en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un escrito en el que piden que este organismo “tome nota” de la actuación del Juzgado nº2 de Granada y de la Fiscalía.
“No queremos que los niños se vayan con un padre condenado por malos tratos”, indicó Hernández, que insistió en que esperan que el CGPJ actúe en este caso para no tener que lamentar la muerte de estos niños a manos del progenitor, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Once niños muertos por sentencias judiciales”, gritaron las representantes antes de hacer entrega del escrito, que también han dirigido al Ministerio Fiscal, a la Fiscalía Especial de Violencia Contra la Mujer y al Juzgado n°2 de Granada.
La diputada socialista y portavoz de Igualdad en el Congreso, Ángeles Alvarez, subrayó que el caso de Juana Rivas “pone en evidencia” los desajustes del sistema en cuanto a la protección de los menores. “Con la ley (integral contra la Violencia de Género) en la mano, estos niños son víctimas directas”, resaltó. También criticó que entre los “errores” del Juzgado de Granada está el de “tratar de inculpar” a las personas que han prestado su apoyo a Rivas, en lugar de llamarlas a declarar como testigos del caso -la psicóloga y la asesora-. Y sobre la entrega de los niños por la madre de Maracena, la diputada socialista admitió que ella sí esperaba que lo hiciera.
