MADRID. Siete detenidos y once registros ha sido el resultado de la Operación Rikati, que hoy ha explicado en rueda de prensa el teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una investigación que comenzó cuando las operadoras de telefonía se percataron de un tráfico de llamadas a números de tarificación adicional poco habitual en un tramo horario concreto.

Se trataba de llamadas automáticas que los teléfonos realizaban por la noche sin que el usuario se percatara y que se hacían a través de una aplicación aparentemente normal que lograba apagar el teléfono y quitarle el sonido mientras efectuaba la llamada, con un máximo de tiempo de media hora.

Para que los usuarios se descargaran las aplicaciones maliciosas, la trama descubierta, que operaba a través de empresas legales y otras pantalla, utilizaban el nombre y los logos de otras muy conocidas o enganchaban al usuario con nombres como "la linterna molona", los "mejores trucos para evitar la calvicie" o los mejores vídeos pornos.

Y no solo eso, sino que, además, las anunciaban como gratuitas e redes sociales y paginas web y si en alguna ocasión informaban del coste, era muy complicado para el usuario verlo, han explicado los responsables de la investigación.

Sotomayor ha reiterado que, sobre todo, había dos tipos de aplicaciones fraudulentas: las que llamaban en modo silencioso número de líneas 803X y las que enviaban SMS a líneas de mensajería Premium.

Ante cualquier queja o sospecha, la organización, liderada desde Barcelona, desactivaba esas aplicaciones o las eliminaba.

Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos que mostraban las aplicaciones de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, con lo que esquivaban así la labor inspectora y de control realizada por estos, según la Guardia Civil.

Para asegurarse la continuidad delictiva explotaban gran cantidad de números cortos de SMS "Premium" y números de tarificación adicional, cedidos por un operador de telecomunicaciones establecido en Barcelona que resultó ser uno de los máximos responsables de los hechos investigados, facilitando, consintiendo e incluso ocultando su uso real a los organismos que controlan estos servicios, asegura el instituto armado.

Destacan el alto volumen de los mensajes y ha dicho que con solo 20 números de suscripción, generaron más de 21 millones de SMS Premium.

Ha recordado que al usuario que recibía uno de estos mensajes se le cobraba un importe cercano a los 1,5 euros por cada uno, y como la media recibida era de ente 20 y 25, el fraude o la estafa al usuario era de unos 30 euros al mes.

Como esa cifra no era muy elevada, los perjudicados no solían denunciar.

Al parecer, la organización llevaba operando desde 2013 y ha generado un perjuicio cercano a los 30 millones de euros, se encontraba ubicada en Cataluña y utilizaba a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias, Andorra, Luxemburgo y Hong Kong.

En la operación se han practicado 11 registros, donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que los autores iban introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño.

Igualmente, los investigadores han incautado en los centros de operaciones ubicados en Sant Cugat y Mollet del Vallés, ambas localidades de Barcelona, y en Santa Cruz de Tenerife datos de usuarios estafados, aplicaciones móviles y vehículos de alta gama, en tanto que se ha inmovilizado a la red un patrimonio por valor de varios millones de euros.

La UCO estima que un millón de usuarios han podido ser estafados y ha creado una web donde se podrá comprobar, introduciendo el número de teléfono, si se ha sido víctima del fraude. Puede hacerlo en la página https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/inforikati.php

La operación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones en una investigación, considerada como una de las más importantes en el Estado contra el fraude masivo en el uso de la telefonía móvil.