Madrid - La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso aprobó ayer por unanimidad una proposición legislativa del PP para modificar la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el fin de restringir a casos “muy excepcionales” el informe médico requerido a personas sordas y ciegas para poder casarse. La oposición consideró “urgente y necesaria” esta reforma para arreglar la “chapuza” que supuso la introducción por el Gobierno del PP de cambios en el artículo 56 del Código Civil para requerir a las personas con discapacidad sensorial a partir del próximo 30 de junio un dictamen médico para contraer matrimonio.

El artículo establecía que, si alguno de los contrayentes está afectado “por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales”, el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de reformar esta norma que entra en contracción con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La nueva redacción determina que “solo en el caso excepcional” de que alguno de los contrayentes tenga “una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial” se recabará dictamen médico.

La Comisión rechazó las enmiendas defendidas por ERC, PNV y PDeCAT orientadas a que las personas con discapacidad sensorial no necesiten la presencia de testigos para otorgar testamento o escrituras públicas ante notario para preservar su intimidad. No obstante, todos los grupos parlamentarios mostraron su disposición a trabajar en un proyecto de ley de modificación de los artículos necesarios del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El diputado del PP Ignacio Tremiño señaló que esta proposición de ley “no solo aclara la intención del legislador, sino que consigue acabar con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad”. Desde el PSOE, Joan Ruiz subrayó que hay que trabajar “deprisa” para que esta iniciativa se transforme en ley y esté publicada en el Boletín Oficial del Estado “cuanto antes” aprovechando que, ahora, “el PP está dispuesto a rectificar el error”. Unidos Podemos indicó que esta proposición viene a solucionar “una chapuza legislativa” hecha durante la décima legislativa. Tanto Joan Olòriz (ERC) como Iñigo Barandiaran (PNV) y Carles Campuzano (PDeCAT) defendieron enmiendas para modificar el Código Civil para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a hacer testamento sin testigos para alcanzar la plena igualdad en esta materia y superar la visión “paternalista y proteccionista” de la legislación vigente. - Efe

La rectificación. El nuevo texto dice que, “en casos excepcionales”, se recabará dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar el consentimiento y limita esas excepciones a situaciones en los que “alguno de los contrayentes presente una condición de salud que, de modo evidente, categórico y sustancial, pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”.

Tramitación. Esta norma se trasladará al Senado y el objetivo es que la modificación esté lista para la entrada en vigor de la reforma, el próximo 30 de junio.