El Registro de alquileres supera las 79.000 fianzas y los 68 millones

Según informó ayer el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, la regulación del Depósito de Fianzas y del Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas constituyó el primer desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda, aprobada el 18 de junio del año anterior, 2015, y concretamente de su artículo 54. El contenido de este artículo señala que las personas o entidades arrendadoras de fincas urbanas destinadas tanto a vivienda como a otros usos deberán depositar en la Delegación Territorial del Departamento del Gobierno vasco competente en la materia de vivienda la fianza en metálico establecida en el artículo 36.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Además, estarán obligadas a comunicar al arrendatario la realización del depósito mediante la entrega de una copia de la documentación justificativa del cumplimiento de la obligación de depositar la fianza o de su actualización en el plazo de un mes a contar desde su ingreso en el correspondiente órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Departamento de Vivienda aseguró ayer que la existencia del Depósito de Fianzas ha proporcionado durante su primer año de existencia una “mayor seguridad jurídica al arrendatario, además de clarificar y dotar de transparencia al mercado inmobiliario del alquiler”. “Se ha convertido, así mismo, en un factor importante para reducir el fraude fiscal, que, por referirse a una materia como la de la vivienda, es doblemente un fraude social”, señaló el Departamento.

Desde su puesta en marcha, se han registrado más de 26.000 nuevas fianzas, por un importe de 32 millones de euros. Tan solo en el mes de marzo se constituyeron 2.792 fianzas en todo Euskadi, de las que 1.403 correspondían a Bizkaia, 1.004 a Gipuzkoa y 385 a Araba.

A finales de marzo, el importe de todas las garantías constituidas alcanzaba los 68,1 millones de euros, de los cuales 44,9 millones correspondían al régimen general y 23,2 millones al régimen concertado. A este último pueden acogerse las personas arrendadoras que dispongan de un mínimo de 10 fincas urbanas arrendadas o tengan la obligación de depositar fianzas por importe igual o superior a 30.000 euros.

Estas cifras, que denotan una “elevada conciencia ciudadana por parte de los arrendadores, y también por parte de los arrendatarios, tienen también una lectura positiva de tipo fiscal, dado que el alquiler forma parte de las deducciones fiscales previstas en el IRPF”. De hecho, en la campaña de 2015 se contabilizaron un total de 71.325 contribuyentes que obtuvieron deducciones por alquiler.

con recargo Por otra parte, una vez transcurrido un año desde su entrada en vigor y dada la naturaleza de ingreso público de las fianzas, se va a aplicar un recargo a aquellos arrendatarios que incumplan la obligación de depositarla dentro del plazo de un mes desde la realización del contrato.

Así, a partir del 1 de mayo próximo, a aquellos arrendadores que no ingresen la fianza dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato, se les aplicará, sin mediar requerimiento previo expreso, un recargo equivalente al 2% del importe de la fianza. Este recargo aumentará hasta el 10% cuando se lleve a cabo después de que el arrendador haya sido requerido expresamente para realizar el depósito, y hasta el 20% en vía ejecutiva.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha anunciado que va a comunicar directamente a los agentes de la propiedad inmobiliaria y a los administradores de fincas la puesta en marcha de este procedimiento. - Europa Press