MADRID- La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ve con “preocupación” la abundancia de clubes sociales de cannabis en España y alienta a su Gobierno a “tomar todas las medidas prácticas” para detener su “proliferación”. Así queda recogido en el informe anual correspondiente al ejercicio de 2016 de este órgano de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas. La JIFE recuerda que estos clubes cannábicos han aparecido en diversos puntos amparándose en la normativa del derecho de asociación. Según constata el documento, la Comunidad Autónoma Vasca es la única que tiene un registro específico de clubes cannábicos, mientras que en otras comunidades aparecen simplemente dentro del registro de asociaciones.

“El Gobierno -español- no ha apoyado ninguna iniciativa para regular ni autorizar esos clubes” recuerda la JIFE, pero reafirma que estas asociaciones son contrarias a la Convención de 1961 que limita el uso del cannabis sólo para fines médicos y científicos, y no recreativos, tal como es el consumo en estas asociaciones. Por lo tanto, “la Junta alienta al Gobierno de España a seguir adoptando todas las medidas prácticas para fiscalizar el cannabis de conformidad con las disposiciones de los tratados”, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la Convención de 1961.

La Junta ha mantenido un diálogo constante y activo sobre esta cuestión con las autoridades de España y toma nota de las medidas adoptadas “para detener la propagación” de los clubes sociales de cannabis.

Entre esas medidas cita la denegación de la autorización para inscribirse en el registro de asociaciones y la remisión de las solicitudes de inscripción a las autoridades fiscales. “Otra medida ha sido plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de la constitucionalidad de las leyes aprobadas por las comunidades autónomas para la creación de esos clubes”, indica el documento.

COORDINACIÓN La JIFE destaca, asimismo, que se van a coordinar los criterios de investigación de la Fiscalía General del Estado y establecer directrices comunes para emprender acciones penales. Los expertos subrayan que mantienen “un diálogo constructivo” con el Gobierno español sobre el problema de las drogas y recuerdan que “España ha conseguido reducir considerablemente en los pasados diez años la tasa de consumo de cocaína”. “El Gobierno ha afirmado que uno de los principales retos que sigue afrontando es la elevada prevalencia del uso de cannabis en algún momento de la vida, que se sitúa por encima del 30%”, señala el informe. - Efe