gasteiz - El sistema educativo vasco irá a la huelga dos veces este mes por los mismos motivos: la aplicación de la Lomce y los recortes. La primera será hoy y la segunda, el día 22. Esta duplicidad ha de entenderse dentro de la falta de unidad de acción de los sindicatos vascos y la dinámica de las centrales abertzales (ELA, Steilas y LAB) de dar un perfil vasco al conflicto existente en la enseñanza, desmarcándose del conjunto de las movilizaciones organizadas a nivel estatal. El objetivo que persigue la mayoría sindical del sector es parar la escuela vasca el próximo día 22 para exigir al Gobierno Urkullu la creación de 2.000 nuevos puestos, que se estabilicen 6.000 empleos para reducir la tasa de temporalidad del 39%, que se sustituyan las bajas del profesorado desde el primer día, que se reduzcan los ratios de estudiantes por aula y se reviertan todos los recortes. Y a ello se une su oposición al Plan Heziberri del Ejecutivo vasco que, aseguran, es la traslación de la Lomce a Euskadi.
CCOO Irakaskuntza y UGT Euskadi siguen sin sumarse a la estrategia desplegada por la mayoría sindical desde la pasada legislatura y han llamado hoy a la huelga al profesorado. Los estudiantes de los institutos y de la UPV/EHU también han decidido parar hoy coincidiendo con la huelga general convocada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública en protesta por los recortes y tras el recurso del Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra la decisión adoptada por la mayoría del Congreso de los Diputados para paralizar la Ley Wert. El recurso llega en los primeros compases de las negociaciones del Pacto Educativo, lo cual resta credibilidad a la voluntad expresada por el Partido Popular para alcanzar dicho acuerdo.
Por su parte la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (EHIGE) ha animado a las familias a participar en las manifestaciones que se han convocado a las 12.00 en las capitales de toda Euskal Herria. Y es que según denuncian, la Lomce “sigue aplicándose en nuestros centros educativos, en el caso de la CAV, a través de Heziberri”. Un proyecto, dicen, “que no tiene consenso social ni político”.