vitoria - La Mutilación Genital Femenina (MGF) es una práctica ancestral que persiste como un factor social de la mujer y en algunos lugares determina sus posibilidades de matrimonio. Los flujos migratorios han convertido esta práctica de fuertes raíces africanas en una práctica global de la que Euskadi no es ajena. Según Emakunde, en la actualidad conviven en la sociedad vasca 1.000 niñas de entre 0 y 14 años de familias provenientes de países donde la ablación de las jóvenes antes de su primera menstruación forma parte de la identidad cultural de sus pueblos de origen. Pueblos, a los que en ocasiones regresan de vacaciones. Hace tres años, el caso de la mutilación de cuatro menores de edad que vivían en Gasteiz cuando fueron de visita a la casa de sus abuelos en Mali conmocionó a la sociedad vasca y provocó una reacción en cadena de las instituciones en aras de proteger a cualquier niña en riesgo.

Hace dos años, el Gobierno Vasco implantó un protocolo de actuación -en el que participan Sanidad, Educación, Emakunde, Ayuntamientos y tercer sector- para impedir que se reproduzcan dramas como el de estas cuatro hermanas de la capital alavesa. Desde su puesta en marcha no se ha registrado ningún caso de mutilación genital femenina sobre ninguna menor residente en Euskadi, tal y como ha confirmado a DNA el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro. “No me consta que haya llegado ningún caso a la Fiscalía desde lo que pasó con las niñas de Gasteiz”, aclara Calparsoro.

No obstante, las autoridades no bajan la guardia, al tiempo que intensifican sus esfuerzos porque cualquier intervención huya de la “estigmatización” de los pueblos y las familias fomentando el “conocimiento y la sensibilidad para comprender este tipo de prácticas en el contexto en el que se producen con el fin de evitar la revictimización de quienes la pueden sufrir”, afirma Luisa María Puertas, coordinadora de Escuela Inclusiva (Diversidad y Género) del Berritzegune Nagusia del Departamento de Educación. En Euskadi, el problema de la MGF no tiene un enfoque exclusivamente sanitario. Su abordaje va mucho más allá y, en ocasiones, empieza en las aulas, donde a diferencia de otros temas se ha evitado dar una formación general del tema al profesorado.

“Nuestro único objetivo es el de la prevención”, asegura Puertas. Esta profesional afirman que el protocolo de actuación puesto en marcha por el Departamento de Educación se asienta sobre la base que que “es una práctica ancestral con fuertes raíces socioculturales, que no tiene una base religiosa, que es una vulneración de los derechos humanos y que tiene consecuencias físicas y psíquicas sobre las niñas imborrables”. El protocolo trabaja sobre tres supuestos. En la matriculación, ante un viaje y a la vuelta de un viaje. En caso de que tanto en el periodo de matriculación ordinario como extraordinario entre al centro una menor procedente de países con prevalencia de estas prácticas, el tutor o el equipo de dirección intentará recabar información y estrechar lazos con las familias, como en el caso de cualquier otro niño. Si se observan factores se riesgo o la familia pertenece a una etnia practicante se la orienta para que acuda al pediatra con la excusa de una revisión o vacuna.

Si van a viajar al país de origen o hay comentarios familiares o de la niña de que van a ofrecer una fiesta de bienvenida, por ejemplo, el tutor lo pondrá en conocimiento de la dirección que se coordinará con el equipo pediátrico donde la familia deberá firmar un documento de compromiso preventivo por el que los padres se dan su palabra de cuidar de la salud de la menor y evitar su mutilación genital, así como de acudir a la revisión a la vuelta del viaje al mismo centro de salud. Este documento, en el que se informa de que la MGF es un delito que podría acarreran hasta 12 años de prisión, se plantea como un salvoconducto ante las posibles presiones de los abuelos de la niña en los pueblos de origen. En Catalunya, más de 150 familias de origen inmigrante firmaron este compromiso contra la MGF el año pasado. En Euskadi se desconoce la cantidad de familias que han suscrito este documento. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha declinado ofrecer esta información a este periódico bajo el argumento de que “no se quiere estigmatizar”.