Las polémicas “reválidas” de ESO y Bachillerato de la Lomce no llegarán a aplicarse como las concibió el exministro José Ignacio Wert -con efectos académicos-, pues ahora Íñigo Méndez de Vigo propone que no cuenten para lograr los títulos de esos estudios ni sean obligatorias para todos los alumnos.
Ya en 2012, el anteproyecto de la Lomce recogía que hubiera unas pruebas finales nacionales y externas a los centros para comprobar que todos alumnos habían adquirido los conocimientos y competencias suficientes en cada etapa, lo que quedó fijado en diciembre de 2013, cuando se aprobó la ley.
Durante todo este tiempo, las evaluaciones finales de cuarto de la ESO (a la edad teórica de 15 años) y segundo de Bachillerato (17 años) no han dejado de protagonizar titulares, mientras la concreción de sus características ha ido evolucionando en distintos proyectos normativos.
Lo cierto es que han ido cambiando bien por presión de la oposición, autonomías o comunidad educativa a través de recursos judiciales, iniciativas parlamentarias, huelgas y manifestaciones, bien por el cambio de ministro (Méndez de Vigo sucedió a Wert en junio de 2015) o porque el PP ha perdido la mayoría absoluta y está más abierto al consenso.
La Lomce fija que, a partir de este mismo curso (2016-17), tienen que aplicarse esas pruebas, pero parece difícil que sean como prevé porque el Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas reformarlas de manera transitoria por medio de un real decreto-ley hasta alcanzar un pacto educativo.
Precisamente hoy, Méndez de Vigo tratará de cerrar un acuerdo con los consejeros autonómicos en una Conferencia Sectorial sobre cómo serán las pruebas.
Una vez que se apruebe el decreto-ley, que deberá convalidar el Congreso, el Gobierno aprobará, previsiblemente, varias normas que concretarán las características de las pruebas como quién las corrige, fechas de convocatoria, duración y tipo (abiertas o de test), si se incluirán cuestionarios de contexto socioeconómico o si la de idioma será oral.
