vitoria - El Gobierno Vasco va a revisar las políticas de admisión del alumnado para frenar la concentración de estudiantes extranjeros en los colegios públicos y evitar la “discriminación cubierta o velada” hacia este colectivo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. La Administración se reservará el 10% de las plazas de los centros concertados para atender las necesidades de matriculación fuera de plazo. Se modificará el baremo que da prioridad a las rentas familiares bajas y se abrirá las Comisiones de Garantías de Escolarización a la participación de los agentes educativos.
Educación creará en los tres territorios oficinas de información sobre escolarización para orientar a las familias recién llegadas, que desconocen cómo es la escuela vasca, hacia las opciones de matriculación más adecuadas para sus hijos e hijas en su zona. Incluso se valorará la posibilidad de centralizar las solicitudes de acceso a un centro desde dichas oficinas. Además, se reforzarán los programas de apoyo. También se redefinirá el perfil del profesorado de refuerzo lingüístico (PRL) y de las condiciones de acceso, dando prioridad a la formación universitaria específica como el Máster en Didáctica de Segundas Lenguas o el Minor en Interculturalidad para Primaria.
Estas son algunas de las acciones recogidas en el borrador del II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural 2016-2020, que el Departamento de Educación presentó el jueves ante el Foro para la Integración y Participación Social de ciudadanos y ciudadanas inmigrantes en el País Vasco, al que ha tenido acceso DNA. A partir de hoy, el documento está abierto a las aportaciones públicas y de los distintos agentes que estuvieron presentes en el encuentro: SOS Racismo, Ayuntamiento de Bilbao, las asociaciones de AMPAs de Gipuzkoa y Araba (Baikara y Denon Eskola) y grupos de apoyo al colectivo migrante, como la Asociación para la integración de inmigrantes africanos, la Asociación pro-inmigrantes Jatorkin, o la Asociación cultural de asistencia humanitaria Guinea Ecuatorial.
Cada año llegan más de 3.000 estudiantes extranjeros con el curso iniciado. Esta realidad supone un gran desafío para la escuela vasca porque en muchos casos los recién llegados y sus familias no entienden castellano (no saben qué es el euskera), provienen de sistemas educativos y culturas diferentes y en ocasiones tienen una escolarización escasa. Prácticamente deben que empezar de cero, con el handicap de que muchas de estas familias viven en situaciones desfavorecidas. Además, se ha agravado la concentración de este alumnado en los colegios públicos pasando del 69% en 2010 al 74% el curso pasado, pese a que el flujo migratorio ha retrocedido hasta el 8,6%.
El problema de la segregación latente -diagnosticado y denunciado por el Consejo Escolar de Euskadi en 2010- se reavivó el curso pasado. Familias, sindicatos de la enseñanza y colectivos pro-inmigrantes denunciaron el “profundo desequilibrio” existente entre las distintas redes a la hora de escolarizar a este grupo, lo que ha generado un efecto de huida del alumnado autóctono hacia colegios concertados. De algún modo, estos colectivos entienden que la red concertada se concibe como un “refugio” u “oasis” para estudiantes vascos.
El Departamento reconoce en su documento que la constante escolarización de inmigrantes en algunos centros “provoca desasosiego en el profesorado y en las familias porque creen que se entorpece el normal desarrollo del curso escolar”. Dicho de otro modo, las familias vascas sacan de colegios públicos a sus hijos si hay muchos inmigrantes porque consideran que éstos bajan la calidad del centro. No obstante, esta opinión se asienta solo en el prejuicio. Estudios tan poco sospechosos en esta materia, como PISA, han constatado que el alumnado extranjero tiene resultados más bajos que el local, pero no se contagia, es decir, no influye en el resultado de la clase. Y es que según diferentes investigaciones, como las evaluaciones diagnóstico realizadas por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), los malos resultados no están asociados al origen, sino al nivel socioeconómico y cultural de las familias.
Especialistas en educación y tratamiento a la diversidad fijan en una tasa de inmigrantes del 20%, el límite máximo para el desarrollo normal de un aula. Muchos centros vascos se hallan en ese límite y otros lo superan. Según la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige), el curso pasado había 62 centros públicos con más de un 20% de alumnado inmigrante. Pero hay localidades y barrios donde la presencia de extranjeros se acentúa, lo que ha dado lugar a la creación de guetos en centros públicos de modelo A (castellano). La situación de Gasteiz ha visibilizado la creciente preocupación por la concentración de este colectivo en centros públicos. Aunque las cifras han mejorado, el curso pasado 19 colegios de Educación Infantil y Primaria de la capital alavesa (18 de la red pública y uno de la concertada) contaban en alguna de sus aulas con más de un 30% de alumnado extranjero, de los cuales en cuatro se supera el 80% y en tres el 50%.
Un camino a medio recorrer Ya desde el curso pasado el Gobierno Vasco ha tomado medidas para racionalizar la matricula. Sin embargo, el problema del desequilibrio viene de lejos y su origen no está, exclusivamente, en Gasteiz. Esta cuestión ha estado sobre la mesa de Lakua desde hace una década, coincidiendo con la escalada de inmigración previa a la crisis. En marzo de 2007, el Ararteko recomendó que se estableciesen cuotas para repartir de forma equilibrada a este alumnado entre la red pública y la concertada.
El Gobierno Ibarretxe con Tontxu Campos como consejero de Educación dijo que no habría centros con más de un 30% de extranjeros en las aulas, pero no hubo grandes avances. Luego llegaron los socialistas a Ajuria Enea y reforzaron los recursos de apoyo a la diversidad pero no frenaron la segregación. El primero en abordar de forma seria esta espinosa cuestión -que atañe directamente al derecho de elección de centro de las familias- ha sido el Ejecutivo Urkullu. Ya el curso 2014-2015, antes de que la polémica en Gasteiz alcanzase su clímax, Educación revisó el proceso de matricula para dotarle de más transparencia y equilibrar la oferta en el proceso ordinario.
Entre otras medidas, se exigía a los Consejos escolares de los centros que diesen a conocer públicamente los criterios para conceder 2 puntos a los estudiantes. También se zonificó las zonas de influencia del mapa escolar, de modo que hubiese una oferta equilibrada de redes y modelos lingüísticos. Esta modificación permitió que el alumnado contase con un mínimo de 2 puntos de salida ya que todas las zonas eran limítrofes entre sí. El curso pasado se puso coto al fraude en el empadronamiento y se impulsó la unificación de centros públicos en lugares donde se producía un desequilibrio evidente entre dos institutos públicos mediante una oferta única para todo el municipio. Es el caso de los institutos de Lasarte Oria, Ermua o Eibar.
El Gobierno Vasco ahora ha dado un paso más allá, llevando a un plan general todas éstas y otras medidas que afectarán al conjunto del sistema educativo y que persigue avanzar en la escolarización en condiciones de igualdad y la integración del alumnado extranjero de forma que alcance el mejor nivel académico. Su implantación se hará de forma progresiva hasta el año 2020.
Matrícula. El II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante contempla acciones para avanzar en la matriculación inclusiva.
Curso 2017-2018. Una nueva Orden regulará la escolarización y reducirá el impacto del criterio de renta anual de la unidad familiar. Ya está en trámite un Decreto que revisará las puntuaciones fijadas para el baremo de admisión en centros cuya demanda supera a la oferta; y, por otro lado, incorporará una regulación básica de las Comisiones de Escolarización. Todo ello con efectos para el curso 2018-19.
Escolarización inclusiva. Una Resolución fijará los criterios comunes a las comisiones de escolarización de los tres territorios desde este mismo curso, mientras se tramita el citado Decreto. Estas comisiones contarán con un informe trimestral por curso sobre la escolarización fuera de plazo del que se dará cuenta en las Comisiones de Garantías de Escolarización, en las que participan los diferentes agentes de la comunidad escolar. Todo ello contribuirá a unificar criterios e impulsar una escolarización inclusiva en cada zona de influencia en todos los centros sostenidos con fondos públicos (concertados también).
Una reserva de plazas del 10%. Desde este curso la Administración educativa se reserva el 10% de plazas existentes sobre el ratio de cada grupo, para atender las necesidades de escolarización fuera del plazo. Se impulsará la unificación de centros públicos de una misma zona de influencia escolar y la modificación de los itinerarios de los centros públicos, según criterios de inclusividad.
Oficinas de orientación. Se crearán oficinas para atender y orientar a las familias inmigrantes, sobre la matrícula tanto en el plazo ordinario como fuera de éste. Asimismo se revisará el protocolo de actuación para la matriculación de los centros escolares. El plan también reforzará la coordinación interinstitucional en el apoyo y asesoramiento a la población recién llegada y en la valoración de las necesidades formativas del entorno familiar del alumnado extranjero.