Madrid - El Grupo 9 (G-9), integrado por las universidades públicas del País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares y La Rioja, urgió ayer al Ministerio de Educación a que apruebe ya una prueba de acceso a la universidad similar a la existente hasta este curso e instó a que se mantenga la “unión” para que no se rompa el distrito único con el fin de que valgan las mismas notas en el Estado. Los rectores de la Universidad de Oviedo y del País Vasco, Santiago García Granda e Iñaki Goirizelaia respectivamente, hablaron en Oviedo tras una de la reunión de la Comisión Sectorial de Ordenación Académica del Grupo 9 de Universidades.

Iñaki Goirizelaia, que presidió esta comisión, lanzó un mensaje de unión de todas la universidades para que “en ningún caso haya ningún problema” para que un estudiante pueda acceder a la universidad que quiera, “se haga como se haga” la prueba de acceso. “Solo tenemos cinco meses para poder prepararnos para la prueba de acceso”, subrayó el rector de la universidad vasca, que instó al Ministerio que dirige Iñigo Méndez de Vigo a que apruebe la nueva normativa que dicte la nueva prueba que comenzará a aplicarse a partir del próximo curso 2016-17, en lugar de la Selectividad.

“La prueba de acceso no es una responsabilidad de las universidades pero estamos dispuestos a colaborar. Los grandes perjudicados son los estudiantes que no saben a qué se tienen que enfrentar”, recalcó, y recordó que está previsto que el Ministerio dicte este decreto el 30 de noviembre. A su juicio, la mejor solución para la actual situación es que el Ministerio dictamine para este curso una normativa similar a la Prueba de Acceso Universitario vigente en los pasados años.

Por su parte, el rector de la Universidad de Oviedo advirtió del “perjuicio que está ocasionando esta situación en la institución que dirige, responsable de la prueba de acceso y de la admisión en Asturias para este año tras el acuerdo con el Principado, al no tener claro cómo será la prueba ni qué recursos tendrá que destinar.

En relación a la posibilidad de que la prueba de acceso contemple ejercicios orales en idiomas, Goirizelaia subrayó también las dificultades organizativas que supondría esta decisión teniendo en cuenta que en año pasado 12.000 personas hicieron la PAU en la Universidad pública vasca. En este sentido, el rector de la UPV/EHU señaló la complejidad que supondría un examen oral, que además habría que grabar para poder dar cobertura a aquellos estudiantes que opten por pedir la revisión de la prueba. “Lo que hay que ir es al problema de raíz. ¿Cómo es posible que en el actual sistema educativo no seamos capaces aprender inglés?”, cuestionó.

Entre los temas tratados en la comisión, los rectores también pidieron al Ministerio de Educación la contratación de profesorado por parte de las universidades no se vea condicionada por la tasa de reposición. En relación al máster en turismo y comercio, García Granda indicó que está enfocado para los estudiantes extranjeros dentro del campus virtual del G-9 con el fin de no competir con otros estudios de otras universidades.

Petición de los estudiantes Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, Gorka Martín, reprobó el “clima de incertidumbre” provocado por los constantes cambios, e instó a Méndez de Vigo, a sentarse y negociar. “Los estudiantes no saben a qué se van a tener que enfrentar para acceder a la Universidad”, ha asegurado el presidente de la Coordinadora, que también ha criticado que las universidades puedan ofrecer el modelo “3+2” (grados de tres años con másteres de dos años).

Martín comentó que aunque ayer no le recibió el ministro, sí lo hizo hace tres semanas dentro de la ronda que Méndez de Vigo, entonces en funciones, tuvo con la comunidad educativa de cara al pacto educativo. “Ahora que sabemos que continúa siendo ministro, le pedimos que nos vuelva a llamar, nos sentemos y no sea solamente un lavado de cara”, advirtió. - Efe

Ángel de Miguel. La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) respaldó ayer la propuesta del Ministerio de Educación para que el actual director general de FP, Ángel de Miguel Casas, sea el presidente de este órgano consultivo, nombramiento que el Consejo de Ministros aprobará hoy probablemente.

Críticas de los sindicatos. El representante del sindicato STES, José Luis López, cuestionó ayer la idoneidad de De Miguel al identificarlo con las políticas del anterior ministro de Educación, José Ignacio Wert, pues fue nombrado director general de Formación Profesional en 2012.