madrid - El pleno del Congreso aceptó tramitar una proposición legislativa socialista para “suspender” el calendario de implantación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) en aquellas medidas que aun no hayan tenido aplicación, respaldada por toda la oposición y rechazada por el PP.
La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, Compromís, Partit Demòcrata Catalá (PDC), Bildu y CC; 133 en contra y 2 abstenciones.
Ahora, se debatirá como proyecto de ley ordinario con presentación, debate y votación de enmiendas en la Comisión de Educación.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió de que la aprobación de la propuesta socialista no tiene efectos jurídicos inmediatos, y anunció que el Gobierno aprobará un decreto ley para la suspensión ya de los efectos académicos de las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato previstas por la LOMCE hasta que se llegue a un pacto educativo nacional. “Ese decreto recogerá los acuerdos”, explicó, “a que llegue con las comunidades en la reunión de la Conferencia Sectorial del 28 de noviembre” (no el 24 como estaba previsto, ya que algunas autonomías no podían asistir).
Sin embargo, el PSOE insistió en que no se trata de suspender los efectos de las “reválidas”, sino de suprimirlas.
En el debate parlamentario, el grupo socialista argumentó que la LOMCE es una ley “profundamente ideológica”, la concepción del PP de la educación y de la sociedad misma: “Regresiva, elitista, excluyente segregadora, confesional y centralizadora”.
Por su parte, Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, explicó que han votado a favor porque, en su opinión, la proposición de ley “recoge el fondo” de su acuerdo con el PSOE y “recoge en parte el pacto con el PP”, así como “el fondo de la solución técnica para dar una salida al tema de las reválidas”.
Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos, dijo que votan a regañadientes porque la proposición de ley les parece “una medida insuficiente” y “a medio camino”. Su grupo interpreta que “la suspensión del calendario significa la suspensión de los efectos académicos de las reválidas”, una medida que, en la práctica, contempla ya la ley, aunque las fuentes socialistas consultadas han negado que esto sea así y han confirmado que su objetivo final es que no haya ningún tipo de examen nuevo este curso.
familias intranquilas El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofreció en su discurso de investidura, durante la réplica, dejar en suspenso las reválidas hasta que no se alcanzara un Pacto de Estado en Educación. No obstante, las pruebas tienen que hacerse este año, aunque no tienen efectos académicos. Más de 700.000 estudiantes de entre 15 y 18 años (los de 4º de la ESO y los de 2º de Bachillerato) están intranquilos porque no saben aún cómo serán estos exámenes. Aunque no repercutan en su expediente, cuentan para ir a la universidad y, además, condicionan mucho a los profesores a la hora de impartir las clases. “Los docentes no enseñan igual la materia si sus alumnos tienen que pasar por un examen que si no tienen que hacerlo”, explican fuentes educativas.
En la proposición de ley, el PSOE quiere paralizar las reválidas cuanto antes, de tal forma que no se celebren este curso. Por ello, propone la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, y la entrada en vigor de las normas reglamentarias dictadas que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva.
El texto aprobado también incluye una disposición que dice que “el Gobierno, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, alcanzará, con el máximo consenso, un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo. - Efe/E.P.
¿Habrá reválida este año? Los trámites para suspenderlas no son inmediatos, durarán varios meses y es probable que no hayan concluido para cuando se celebren los exámenes. Las enmiendas presentadas por los grupos en la Comisión de Educación del Congreso pasarán al Pleno y se aprobará en el Congreso. Posteriormente irá al Senado, donde el PP puede rechazarla porque tiene mayoría. Aun así, volvería al Congreso, donde sería nuevamente aprobada por la mayoría de fuerzas parlamentarias.
