gasteiz - Lanbide va a seguir gestionando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aseguró ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales tras reivindicar las mejoras introducidas por el Servicio Vasco de Empleo en la tramitación de las ayudas y defender el sistema de garantía de ingresos como “uno de los más avanzados de Europa”. No obstante, Ángel Toña admitió que Lanbide tiene que mejorar en el control de los pagos de la RGI y la inserción laboral de los beneficiarios, avanzó que se está considerando la posibilidad de que las ayudas destinadas a pensionistas o grupos en situación de exclusión sean atendidas por otras instituciones o servicios públicos y pidió “un tiempo muerto” para que el proceso de reforma y mejora del sistema, que “está en un momento decisivo”, se asiente.
En su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento Vasco, Ángel Toña mostró su disposición a que Lanbide pueda contar “en algunos momentos puntuales” con otras instituciones “públicas o privadas” para llevar a cabo “algunos procedimientos de gestión” de las ayudas sociales -la RGI y la prestación para vivienda (PCV)-. Aunque reiteró que “Lanbide será la gestora de las nóminas de la RGI”.
La intervención parlamentaria del consejero tenía como objeto informar de la gestión de la RGI y de la PCV por parte de Lanbide entre los años 2012 y 2015 y, en ese sentido, se centró en destacar los avances logrados desde que el servicio se hizo cargo de las ayudas y la actualidad, destacando que “ha superado el peligro de desbordamiento” al que se enfrentó tras asumir una gestión que antes realizaban las diputaciones forales. Además de defender la importancia del sistema vasco de garantía de ingresos para erradicar la pobreza y la exclusión, Toña apuntó los aspectos en los que Lanbide debe avanzar y mejorar. “El modelo de gestión de la RGI -dijo el consejero- no tiene nada que ver con el caos que algunos pretenden atribuirle. Es evidente que hay cosas por mejorar, como en cualquier otra entidad de naturaleza técnico-administrativa. Pienso en este caso en la mejora de la interoperabilidad, para facilitar procesos que sean más sencillos y cómodos para la población, y en todos los procesos vinculados a avanzar en la inclusión social y laboral. El objetivo de mejora en la tutorización personal resulta clave en este punto”.
Otros aspectos de posible reforma que se están analizando por Lanbide, el departamento de Empleo y la comisión técnica de la RGI son la racionalización de las prestaciones -con el objetivo de simplificar el acceso a ellas por parte de la población necesitada-, nuevas vías para abordar la lucha contra la pobreza y la exclusión -en el área de las políticas de vivienda, cambios fiscales o de la seguridad social-, el impulso de las medidas de inclusión social y laboral, o coberturas específicas para actuar contra la pobreza infantil.
Tiempo y responsabilidad Respecto al debate sobre la conveniencia de sacar de Lanbide la gestión de las ayudas destinadas a personas que no tienen posibilidades de integrarse en el mercado laboral, Ángel Toña habló de un posible reparto de competencias “por ejemplo en lo relativo a la atención a la población pensionista o a los grupos en situación de exclusión”. “Abordar el reto de una adecuada coordinación entre los distintos servicios públicos es otro de los aspectos sobre los que estamos dispuestos a reflexionar y a proponer acuerdos”.
El consejero apuntó la posibilidad de que los pagos que complementan las rentas de los pensionistas se hagan “con la ayuda de Hacienda”, aunque reconoció que todavía no han hablado de esto con las diputaciones forales.
Un sistema valioso La primera parte de la intervención del consejero estuvo dedicada a analizar las características y logros del sistema vasco de protección social asegurando que “a pesar de algunas críticas interesadas, el sistema está asentado, estabilizado, controlado, y sobre todo, protege e inserta”. Así, dijo que un 96,6% del gasto en RGI, PCV y Ayudas de Emergencia se destina a la población en mayor situación de riesgo. El sistema de garantía de ingresos vigente en Euskadi aporta el 41,7% de los ingresos de la población que sufre pobreza real, mientras que el conjunto de las prestaciones del sistema estatal (pensiones, desempleo y otros) solo aportan el 23,2%. “Creo que unánimemente reconocemos -dijo ayer Ángel Toña- que el sistema de garantía de ingresos (RGI/PCV/AES) es hoy el principal colchón de las familias en riesgo de pobreza en Euskadi. Estas prestaciones resultan indispensables para conseguir mantener unas condiciones mínimas de vida para las personas en riesgo de exclusión social”.
Actualmente el sistema de ayudas sociales atiende a más de 136.000 personas agrupadas en 65.000 unidades de convivencia, lo que representa el 74% de la población vasca en situación de carencia material. Este volumen de personas representa el 21,3% del conjunto de ciudadanos con carencias económicas que son atendidos en todo el Estado español. En este punto Toña recordó que en la CAV reside el 4,7% de la población total del Estado y que Euskadi es la comunidad que más invierte cuantitativamente en rentas mínimas de inserción: el 42% del total estatal. También es el territorio donde las personas en peor situación reciben de media las cuantías económicas más altas: 1.868 euros anuales de media, frente a los 102,9 euros del conjunto del Estado.
Respecto a las críticas que recibe Lanbide por su gestión de la RGI y la PCV, los retrasos en las tramitaciones, los casos de fraude y pagos indebidos o los procedimientos para recuperar el dinero indebidamente abonado, el consejero admitió “disfunciones administrativas” aunque, no obstante, relató los pasos dados para resolver esos problemas. “En enero de 2013 -señaló- las personas con derecho a la RGI esperaban una media de 110 días a la resolución de su solicitud. En enero de 2016, la media se ha reducido a 50 días”.
También en enero de 2013 había 3.000 recursos pendientes de respuesta “muy atrasados, con un año o más”, mientras que hoy “todos los recursos se atienden en plazo”. Y si hace tres años el Ararteko se dirigió a Lanbide porque tenía sin atender más de 1.000 reclamaciones presentadas por los ciudadanos, “en estos momentos las reclamaciones no superan las 50 mensuales y el tiempo de respuesta es inferior a un mes”.
El consejero también quiso aclarar algunos prejuicios que constantemente se utilizan contra la RGI, como la presencia mayoritaria de inmigrantes entre los beneficiarios. Según expuso ayer Toña, entre 2013 y marzo de 2016 “aumenta en mayor proporción el volumen de personas titulares autóctonas (15,2%) con un aumento del gasto del 20,9%, frente a un aumento del beneficiario extranjero del 6,8% con un gasto del 6,7%”.
Beneficiarios. Entre enero de 2013 y marzo de 2016 aumenta un 12,8% el número de titulares de la RGI. En abril había 65.506.
Colectivos. En los últimos tres años el número de personas autóctonas titulares de una RGI ha crecido un 15,2% frente a un 6,8% de los extranjeros.
Expedientes. Entre 2012 y 2015 el número de expedientes de ayuda tramitados ha aumentado un 181%, de 45.829 a 128.761.
Empleo. En 2015 el 7,6% de las personas contratadas en Euskadi eran beneficiarias de RGI, lo que significa que 20.451 personas consiguieron un empleo, aunque el 82,2% fueron contratos temporales y el 61,4% a tiempo parcial.
Reclamaciones. Están en marcha más de 20.000 procedimientos de revisión de expedientes. Un 92% del importe de los pagos indebidos de 2015 está sometido al procedimiento de reintegro.
