Son organizaciones nacidas de la iniciativa social, no lucrativas y privadas. Pueden tener distintas finalidades, como promover la inclusión social, el desarrollo, la atención de dependientes, pero su denominador común es que buscan transformar la sociedad y hacerla más justa y equitativa canalizando la solidaridad. Las entidades del Tercer Sector Social de Euskadi cuentan ahora con un marco legal que, entre otras cuestiones, regula su participación en el diseño de las políticas sociales que las administraciones vascas aplicarán en los próximos años.

El Parlamento Vasco aprobó ayer la ley que unifica en una misma norma el funcionamiento y los principios de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el Tercer Sector Social. Son unas 3.500 entidades “que se dedican prioritariamente a la promoción de la solidaridad social, así como al impulso de la participación social de las personas, los derechos sociales, la inclusión y la cohesión social”. Entre ellas están Cáritas, Cruz Roja, los Bancos de Alimentos, las diversas organizaciones de apoyo a mujeres, o las que dan cobertura a personas con determinadas enfermedades. La mayor parte del texto recibió el apoyo de todos los grupos, aunque EH Bildu se abstuvo en algunos artículos al considerar que la Ley es “insuficiente” para dar respuesta a las necesidades del sector y no regula todos los aspectos esenciales.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, destacó la importancia de la labor que desempeñan las organizaciones del Tercer Sector y aseguró que sin su contribución “los servicios sociales no serían lo mismo en Euskadi”. Toña también subrayó el amplio acuerdo logrado en torno a esta Ley, así como la participación de las entidades y confió en que tenga un “impacto cualitativo” en el Tercer Sector.

un activo social La Ley reconoce que el Tercer Sector Social “constituye un activo fundamental de la sociedad vasca para configurarse como una sociedad justa, igualitaria, solidaria, cohesionada, participativa y democrática en cualquier coyuntura -y especialmente en una coyuntura de crisis económica, política, institucional, social y de valores, como la que atravesamos-, y para responder de manera más adecuada a las necesidades sociales, desde la colaboración entre sectores y con la participación de las propias personas, familias, colectivos o comunidades destinatarias”.

De hecho, según el Libro blanco del Tercer Sector de Euskadi, elaborado por el Observatorio de Bizkaia, más de la mitad de las entidades (el 51,73%) ha visto aumentar el número de personas usuarias de su actividad en los últimos tres años y las que trabajan en el ámbito de los servicios sociales -especialmente las relacionadas con personas en situación o riesgo de desprotección y exclusión- superan ese porcentaje. El incremento en la atención a colectivos desfavorecidos guarda relación directa con el impacto social de la crisis económica.

En cuanto al contenido de la Ley, el texto consolida instrumentos de diálogo y colaboración del Tercer Sector Social de Euskadi con la administración pública y otros sectores y agentes, “contemplando la participación de las redes del Tercer Sector en la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi y en el Consejo Económico y Social la ley prevé la participación activa del Tercer Sector en los procesos normativos y el diseño, ejecución y evaluación de las políticas sociales públicas”. Asimismo establece una serie de obligaciones para las organizaciones que cooperen con las administraciones públicas con la finalidad de asegurar una gestión “ética y transparente”.

La nueva Ley también insta al Gobierno Vasco a que, en colaboración con los agentes que operan en este ámbito, elabore una estrategia de promoción del Tercer Sector, que deberá aprobarse antes de un año y contemplará mecanismos de coordinación entre las instituciones y las entidades.

Entidades. Hay unas 3.500. El 56,75% tiene su sede principal en Bizkaia (2.000), el 28,94% se localiza en Gipuzkoa (1.000) y un 14,31% en Araba (500).

Empleo. El Tercer Sector Social vasco da empleo a cerca de 36.000 personas que desempeñan una labor remunerada (a jornada completa o parcial) y articula la participación de aproximadamente 125.000 personas voluntarias.

Forma. La figura jurídica mayoritaria es la de asociación: casi 9 de cada 10 organizaciones son asociaciones (89,62%). Las fundaciones constituyen el siguiente grupo más numeroso y representan el 6,65%.

Finalidad. Son organizaciones de intervención social, desarrollan actividades que tienen la finalidad de promover la inclusión social, con especial atención a las personas, o colectivos en situaciones de vulnerabilidad, desprotección, discapacidad. etc.