El fraude en la RGI supone el 0,7% del dinero pagado

El departamento de Empleo y Políticas Sociales explicó ayer que el análisis de los 361.849 expedientes por nuevas solicitudes y revisiones tramitados por Lanbide entre 2013 y 2015 en relación con la RGI y la PCV revela que el nivel de fraude y uso inadecuado del perceptor de dichas prestaciones no alcanza el 1%. Durante el periodo señalado Lanbide tramitó 149.365 expedientes exclusivamente de la RGI, y otros 212.578 que incluían el derecho a percibir la ayuda para vivienda (PCV).

Según el departamento que dirige Ángel Toña, la cantidad total adeudada a Lanbide por estos dos conceptos se aproxima a los 10,5 millones de euros frente a los 1.395 millones desembolsados por el Gobierno vasco para cubrir el gasto de las prestaciones sociales, lo que supone una media anual de pagos indebidos del 0,7%.

En 2015, se dieron 563 casos de fraude por ocultación de datos sobre ingresos y patrimonio, sobre composición de la unidad de convivencia o sobre la situación socioeconómica, laboral y familiar. El importe fue de 2,09 millones, lo que representa el 0,43% del total. El nivel de fraude de 2013 y 2014 fue superior al del año pasado, con 675 y 604 expedientes fraudulentos, respectivamente.

En cuanto al uso inadecuado de las prestaciones -carecer de gastos justificables por vivienda, no administrar responsablemente los recursos o practicar la mendicidad- en 2015 se detectaron 834 casos por importe de 1,68 millones (0,35% del total). En 2014 los casos fueron 787 y el importe de 1,7 millones (0,36%), mientras que en 2013, se registraron 934 expedientes por importe de 1,8 millones (0,41%).

Lanbide, que revisa una media de dos veces al año todos los expedientes de los perceptores no pensionistas, ha reclamado prácticamente todo -el 99,9%- el dinero percibido indebidamente en 2015 y está en fase de reclamar las cuantías correspondientes a 2013 y 2014. Este proceso se completará antes de finalizar el año, según precisó en una nota el departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Defensa de la RGI Ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, abogó por “garantizar el mantenimiento y sosteniblidad” del sistema vasco de protección social, especialmente la RGI, “defendiéndolo contra los ataques manifiestos de los últimos tiempos”. Toña recordó que estas prestaciones, destinadas a las personas en riesgo de exclusión social, contribuyen a contrarrestar el “brutal” impacto de la crisis sobre las capas sociales más desfavorecidas. El consejero también respaldó la retirada de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) -establecida por la Diputación de Gipuzkoa para atender casos no cubiertos por la RGI- al considerar que su aplicación puede provocar “una bomba potencial” para determinados municipios de ese territorio. En una intervención en el pleno de control del Parlamento Vasco recordó que la decisión de retirar esta ayuda ha sido de la Diputación de Gipuzkoa y no del Gobierno vasco.

Según dijo Toña, el perfil de los beneficiarios de la AGI “no tiene nada que ver con el de demandantes de RGI”. Así señaló que el 90% de los perceptores de la AGI son extranjeros con un margen de empleabilidad “limitadísimo y con una posible y clara tendencia de cronificación”,

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco, que había preguntado al consejero por la retirada de la AGI, denunció que el hecho de que dejen de aplicarse estas ayudas afectará a 1.500 familias con 700 menores a su cargo y acusó al Gobierno vasco de actuar de manera “xenófoba”.

En cuanto a la importancia de la RGI para combatir las situaciones de pobreza y exclusión, Ángel Toña indicó que en los últimos doce meses un 3,2% de los hogares vascos con personas ocupadas se han visto obligadas a solicitar una prestación social, un dato “malo”, pero similar al de 2006, cuando el porcentaje era de 3,1%. El consejero constató que hay personas con empleo que “desgraciadamente se benefician de la RGI, y también de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).