MADRID. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han pedido hoy al Gobierno que derogue de forma inmediata el real decreto de prescripción enfermera y que inicie, con una amplia representación de las profesiones sanitarias y con las comunidades autónomas, un diálogo para aprobar una nueva normativa.

Así lo han pedido los grupos en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, donde esta mayoría de grupos se ha mostrado a favor de dos proposiciones no de ley, una del PSOE y otra del PNV, en la que se pide la retirada de la norma.

Una opinión que los grupos han expresado antes de criticar que el Gobierno no haya dado respuesta a varias preguntas que se le habían planteado en la comisión sobre el control de la transmisión del Zika en España y en relación a los casos tratados de la hepatitis C.

El Gobierno ha actuado como lo está haciendo hasta el momento en todas las comisiones, al considerar que la Cámara no puede someter al ejecutivo en funciones y a sus altos cargos a iniciativas de control.

En la comisión, los socialistas, como Jesús María Fernández, han recordado el rechazo "generalizado, la polémica, malestar entre los profesionales, así como inseguridad jurídica", que está produciendo la norma, por las "consecuencias indeseables en el funcionamiento del sistema sanitario".

Además, ha aludido al elevado número de comunidades autónomas que entiende que el Estado está conculcando atribuciones que tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación, como también lo ha hecho la diputada del PNV Pilar Ardanza, para quien supone una "invasión competencial".

Según Ardanza, esta norma esta teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria e impide el ejercicio de los enfermeros en lo que respecta al uso de medicamentos y productos sanitarios.

Isidoro Martínez Oblanca, del grupo mixto, ha recordado los recursos planteados a la norma de comunidades y organizaciones sanitarias para poner término "al deterioro asistencial en todos los servicios de salud como secuela" del real decreto.

Por el grupo catalán, Elena Ribera, ha incidido en que la norma "no gusta a nadie" y que "se extralimita en sus objetivos" y genera inseguridad jurídica para las practicas que realiza el colectivo de enfermería.

La opinión de Esquerra Republicana es la de que con esta norma se expresa "lo peor de las mayorías absolutas" porque "es un decreto sin diálogo y sin que haya habido un acuerdo previo".

Mientras, para Francisco Igea, de Ciudadanos, la norma ha generado problemas que antes no existían en la práctica clínica y genera una situación de "incertidumbre" para el personal de enfermería.

Por ello se debe repensar el real decreto, como también se considera desde Podemos, desde donde se ha incidido en que la norma ha conseguido poner enfrente a todos los grupos, al suponer una "distorsión mas en el avance de las profesiones sanitarias" y al generar "descontrol en una situación que estaba funcionando".

Desde el PP, mientras, se ha rechazado que la norma invada competencias, se ha recordado las que tiene el Estado en materia de formación continuada y se ha considerado que con la norma se ha mejorado la situación de los profesionales de enfermería.

No obstante, los populares han subrayado que el ministro convocará al Foro de las Profesiones, en el que están representados médicos, enfermeros, comunidades y Ministerio, para tratar de encontrar cauces de diálogo.