Madrid - El Gobierno español interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Vivienda de Euskadi porque considera que se invaden competencias estatales. El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar al presidente del Gobierno la interposición del recurso porque la ley, aprobada el pasado 18 de junio, introduce el deber de ocupación de la vivienda deshabitada, sancionando su no ocupación. El Gobierno solicita asimismo la suspensión de la citada normativa.

La ley vasca determina e impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda al incluir un nuevo deber, el de habitar la vivienda. Según indica la referencia del Consejo de Ministros, la ley invade las competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de derecho civil.

Paralelamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy señala que la ley vasca establece un régimen sancionador respecto a los propietarios de viviendas desocupadas basado en un sistema de presunciones (como, por ejemplo, consumos anormales de agua, gas o electricidad), en virtud de las cuales podrán imponerse a los titulares de viviendas deshabitadas sanciones económicas de carácter grave o muy grave.

A este respecto agrega que en el ordenamiento jurídico español no puede establecerse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad y en base a un sistema de presunciones. Por tanto, considera que se infringen -atribuyendo valor probatorio a meros indicios y estableciendo presunciones legales- los artículos 24.2, 25 y 149 de la Constitución, ya que los procedimientos sancionadores deberán respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Además, según el Gobierno del PP, la ley permite la adopción, por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, de medidas tales como el desahucio administrativo, la expropiación de la vivienda, su venta forzosa, el derecho de adquisición preferente, el alquiler forzoso y la imposición de multas y sanciones, sin establecer graduación alguna entre las mismas, de manera que se vulnera el principio de la proporcionalidad.

Esas medidas tendrían un impacto significativo sobre las entidades de crédito y sobre el mercado hipotecario, vulnerando la competencia estatal de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

El Parlamento Vasco aprobó con los votos de PSE y EH Bildu el pasado 18 de junio la Ley de Vivienda que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos y la imposición de un canon a viviendas vacías y que reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales. La ley también incluye un aspecto controvertido sobre que afecta al canon a las viviendas que estén vacías durante más de dos años y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler. - Efe