almería - El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, afirmó que tras la sentencia del Tribunal Supremo “hoy sí comienza la cuenta atrás para la demolición del hotel del Algarrobico”. De hecho, su departamento anunció que contactará “de inmediato” con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para aplicar el protocolo suscrito en 2011 y comenzar el “último y definitivo” tramo del proceso que desembocará en la demolición del hotel construido en la playa de Carboneras (Almería).

El Tribunal Supremo ha fallado en una sentencia divulgada ayer que el hotel Algarrobico, construido en el Cabo de Gata, se edificó sobre terreno no urbanizable. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha aceptado los recursos de Greenpeace y de la Junta de Andalucía y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2014 falló a favor de la constructora Azata del Sol. Aquella segunda sentencia de la Sección Tercera del TSJA, que de manera inexplicable, según el alto tribunal, contradijo lo que ya había fallado en 2012 otra sección, la Primera, de la corte andaluza, recibe muy duras críticas del Supremo en su fallo conocido ayer.

La decisión del Supremo determinará probablemente la demolición del hotel, aunque también quedan por dirimir otros asuntos, como si corresponderá una indemnización a la promotora Azata del Sol, que ha visto paralizado su proyecto durante diez años. En las sentencias divulgadas ayer el alto tribunal no se pronuncia sobre las eventuales responsabilidades patrimoniales.

El Alto Tribunal destaca que la existencia de valores naturales en la zona donde se levantó el hotel no ha sido “rebatida ni desvirtuada” a través de la segunda sentencia del TSJA y sostiene que la existencia de valores de especial protección en los terrenos viene avalada por el hecho de que la Administración los incluyera de forma “plenamente consciente” en la normativa ambiental.

Pero el futuro del Algarrobico no se dirime únicamente en el Tribunal Supremo, que en estos últimos pronunciamientos no entra en la exigencia de responsabilidad patrimonial porque esto se dirime ante la Salas de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y del TSJA.

La Audiencia Nacional tramita en un único procedimiento las tres demandas por responsabilidad patrimonial elevadas por Azata del Sol contra el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de un “anormal funcionamiento” de la administración. - Efe/E.P.