gasteiz -Según los cálculos de Facua, el recibo de la luz se ha encarecido un 16,2% en los cuatro últimos años, lo que se traduce en que el usuario medio ha tenido que pagar en este periodo 500 euros más que si las tarifas se hubiesen mantenido estables. Si a esa subida le añadimos la disminución de ingresos de los hogares -debido al paro, la bajada de salarios y la precarización del empleo-, la antigüedad del parque de viviendas y la baja eficiencia energética, el resultado es que muchas familias tienen serias dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada, para pagar los recibos de servicios básicos como agua, luz y gas, y para contar con un nivel de confort en el que el consumo de energía es imprescindible (usar la lavadora, la televisión, el ordenador, etc). Esta situación, aunque no es nueva, se está agudizando y se ha hecho más evidente en las últimas semanas, con la llegada del frío, la lluvia y la nieve. El Ararteko calcula que la pobreza energética podría afectar este invierno a más de 200.000 ciudadanos vascos.

En un documento en el que sienta las bases para el debate social sobre la pobreza energética en Euskadi, el Ararteko recuerda que “el número de personas que tienen problemas para mantener su hogar a una temperatura adecuada durante los meses fríos ha sido de 235.526 en 2014, cuando en 2008 no llegaba a las 90.000 personas”. También indica que en 2014 la población afectada por cortes de suministro de servicios energéticos en el hogar (incluyendo agua, luz o teléfono) sumó 38.255 personas, frente a las 35.191 de 2008.

El coste de la energía El Defensor del Pueblo considera que “la precariedad de recursos energéticos no está únicamente relacionada con la situación económica de las personas”, ya que “la necesidad de energía está estrechamente vinculada con las condiciones objetivas de los hogares (la tipología de la vivienda, sus materiales, el aislamiento o las medidas de ahorro y eficiencia energética). También con las condiciones del mercado de suministro de servicios energéticos”. Por ese motivo “la pobreza energética no afecta únicamente a las personas con menor renta, sino que puede extender sus efectos a otros colectivos expuestos a un excesivo gasto energético derivado de malas condiciones de edificación o del excesivo coste de la energía”. De hecho, se ha constatado que debido a los costes fijos de la factura energética, los esfuerzos de muchos hogares por ahorrar en su consumo de luz o gas no se han visto recompensados con una bajada equivalente del recibo, aunque sí han visto mermados sus niveles de bienestar o confort.

El Ararteko, que plantea varias propuestas de actuación contra la pobreza energética en Euskadi, puntualiza que la necesidad de identificar claramente las causas, consecuencias y características de este problema “viene impuesta por los posibles efectos asociados” a el. “Sus consecuencias para la población -dice el Ararteko en su recomendación general- también difieren de otras categorías de pobreza. La escasez de recursos energéticos puede provocar graves deterioros para la salud derivados de la exposición a temperaturas frías, impactos sociales de exclusión de los colectivos vulnerables, desprotección de los consumidores más vulnerables o impactos ambientales como la utilización de recursos energéticos menos sostenibles o de edificios menos eficientes a la hora de ahorrar energía”.

Respecto a los efectos sobre la salud de la pobreza energética, el Ararteko hace referencia al mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades respiratorias o cardiovasculares y al agravamiento de otras como la artritis o el reumatismo. En este sentido un informe elaborado por el SIIS Centro de Documentación y Estudios para la Diputación Foral de Gipuzkoa indica que “tradicionalmente se han aceptado tres consecuencias principales de la pobreza energética: las que afectan a la economía familiar, a la salud y a la degradación de la propia vivienda”. “Las consecuencias sobre la salud -añade el informe del SIIS- se centran principalmente en los problemas respiratorios, debidos a las bajas temperaturas y la humedad, que afectan fundamentalmente a las personas mayores y los niños. Especialmente preocupante es la situación de las personas con problemas de salud específicos con requerimientos especiales, como por ejemplo aquellas personas que necesitan oxígeno, para las cuales el suministro de energía resulta vital en el sentido más estricto”.

Jubilados y niños Entre los colectivos más afectados por la pobreza energética el SIIS cita a “las mujeres, las personas jubiladas, los niños y niñas pequeños y la población parada, que son quienes más tiempo pasan dentro del hogar”. Y señala que en Gipuzkoa “los servicios sociales municipales han detectado en las visitas domiciliarias numerosos casos de personas mayores que evitan encender la calefacción para evitar el gasto que ello supone. También se ha constatado un incremento de la utilización de servicios públicos como las duchas en los polideportivos municipales (en gente de mediana edad), los ordenadores de los centros cívicos (jóvenes estudiantes que no tienen acceso a Internet en el hogar) o las bibliotecas municipales (personas jubiladas que aprovechan la calefacción y la lectura gratis)”.

Para el Ararteko es evidente que una consecuencia de este tipo de pobreza que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables “que se encuentran en la imposibilidad de hacer frente al pago de la factura energética, es la interrupción del suministro de los servicios de gas o electricidad”. “En ese caso -dice el Defensor del Pueblo- estas personas se ven desprovistas de estos servicios hasta poder realizar el pago de los gastos atrasados y, en muchos casos, de una tasa de reconexión. Se produce entonces un efecto perverso consistente en el empeoramiento de la ya precaria situación de las familias más vulnerables, aumentando el riesgo de exclusión social”. De ahí que una de las propuestas que plantean todos los informes que abordan la pobreza energética consiste en establecer una garantía de suministro de servicios energético mínimo. El primer paso consistiría en determinar el volumen del contenido mínimo de suministro eléctrico o de gas que debe garantizarse a todos los hogares. Según el Ararteko “los poderes públicos vascos -en aplicación de su ámbito competencial en materia de consumo, vivienda y energía- deben establecer mecanismos legales suficientes para garantizar el suministro energético en los periodos críticos, debiendo estos incluir, en cualquier caso, los meses de invierno (diciembre, enero, febrero, marzo).